Crisis en las fronteras: Perú refuerza seguridad y Chile amenaza expulsiones a Bolivia

Las crisis migratorias en Sudamérica están siendo enfrentadas con respuestas nacionales aisladas que, además de ineficaces por la debilidad de los sistemas estructurales, representan un serio riesgo para los derechos humanos de los migrantes. Desde la última década (2015-2025) se ha registrado una oleada migratoria desde el norte caribeño de Sudamérica hacia la zona sur del continente.

Estas oleadas engloban una diversidad de nacionalidades, especialmente ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, entre otros, cuyo objetivo es buscar mejores condiciones de vida. Una población particularmente llamativa ha sido la cantidad de migrantes que han salido de Venezuela. Alrededor de 7.9 millones de venezolanos han migrado hacia diversas partes del mundo, en especial a las fronteras cercanas, de acuerdo con informes de la OIM y de ACNUR. Muchas veces, esta migración se realiza en condiciones inhumanas y no adecuadas para una migración digna y segura.

De acuerdo con Migraciones Colombia, este país ha recibido alrededor de 2.812.648 personas de nacionalidad venezolana debido a la cercanía de las fronteras. Esta cifra es preocupante debido a los diversos impactos que podrían generarse en contextos de alta irregularidad y débil presencia estatal.

Por otro lado, Perú, con 34.6 millones de habitantes, alberga a alrededor de 1.7 millones de venezolanos legalmente, y se estima que 650.000 se encuentran en situación irregular, principalmente en la ciudad metropolitana (datos de 2023). Esta situación ha generado preocupación por la vinculación de bandas criminales organizadas, principalmente de nacionalidades colombiana y venezolana. Según la OIM Perú, 27 de cada 10.000 venezolanos están vinculados con denuncias de delitos criminales.

Esto ha llevado al gobierno de Perú a tomar decisiones radicales contra el crimen organizado y la extorsión, poniendo en la mira a los migrantes en situación irregular. Esta experiencia evidencia la ausencia de políticas integrales de regularización, lo cual puede agravar la inseguridad.

En Chile, el ascenso electoral del candidato de ultraderecha José Antonio Kast ha generado preocupación debido a sus declaraciones sobre un ultimátum a los migrantes en situación irregular, adoptando medidas radicales sin considerar las posibles consecuencias, como un nuevo éxodo hacia Perú y Bolivia. Esto llevó al gobierno peruano a decretar la emergencia y militarizar la frontera, dejando en el desierto de Atacama a centenares de migrantes.

Kast, tras su victoria, expresó que si Perú no recibía a los migrantes, estos podrían ir hacia Bolivia, incluso sugiriendo ir a La Haya y acusando a Bolivia de “destruir” en términos migratorios. Comentarios como estos dificultan la cooperación internacional y fracturan las intenciones de diálogo previamente establecidas.

Las acciones de Chile y Perú evidencian los límites de los enfoques nacionales frente a un fenómeno regional, que puede llevar a decisiones irracionales. Bolivia, en un escenario de reconstrucción económica e institucional, podría sufrir convulsión y colapso en el sistema público y de seguridad social ante la entrada masiva de migrantes sin sustento laboral. Esto podría aumentar la inseguridad y bandas criminales trasnacionales que opera nen contextos de migración irregular, como ha ocurrido en Perú.

Bolivia, desde su rol de eje rector de política exterior basado en el diálogo y mesas de trabajo, puede colaborar con Chile y Perú para encontrar alternativas para los migrantes. Es momento de que las cancillerías se reúnan y trabajen desde sus distintas direcciones de seguridad y relaciones bilaterales.

Los problemas migratorios en la región no se resuelven con técnicas “trumpistas”, sino con consenso, diálogo y acciones coordinadas que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Estudiante de Relaciones Internacionales, investigador jr. Colabora con Opexbol