Ecuador bajo «crisis constitucional»
Finalmente se despejó el sentido real de los acontecimientos. El viernes 19 Daniel Noboa, mediante decreto 148, convocó a una Asamblea Constituyente sin pasar por la revisión obligatoria de la Corte Constitucional (CC), como ordena la Constitución de 2008. El gobernante, enfrentado con la CC por no avalar varias leyes, tiene respaldo en grandes medios y redes sociales. Pero su decisión generó inmediatas reacciones jurídicas y denuncias de “rompimiento grave del orden democrático” e incluso de “dictadura”. La CC dispuso la “suspensión provisional” del decreto, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó con la convocatoria a un referéndum sobre bases extranjeras y financiamiento de partidos, a la espera del pronunciamiento definitivo sobre la Constituyente.
En cuestión de horas, Noboa derogó el decreto 148 y dictó el 153, que restituye la convocatoria original, argumentando que la consulta directa al pueblo está por encima de cualquier procedimiento. En este clima de cambios calculados y argumentos jurídicos diversos, lo único claro es el objetivo final: acabar con la Constitución de 2008, convertida en estorbo para las élites del poder.
Esa Constitución prolongó los avances de las de 1929, 1945 y 1979, pero los superó al fijar principios para el siglo XXI. Declaró un Estado soberano, plurinacional y de derechos; prohibió bases extranjeras; reconoció la resistencia social; estableció la economía social y solidaria del Buen Vivir; reconoció derechos de la naturaleza; amplió derechos individuales, laborales y comunitarios; fortaleció la inversión estatal, los sectores estratégicos y los servicios de educación, salud y seguridad social. Por oponerse al neoliberalismo y haber nacido de una asamblea constituyente ratificada en referendo (63.93% de votos), ha sido atacada por grandes empresarios y fuerzas de derecha.
Los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), y ahora el de Noboa, abrieron vías para vaciarla de contenido. Con ellos se consolidó la segunda época plutocrática del país: reversión de derechos, debilitamiento de lo público y predominio de un bloque de poder oligárquico.
Ese proceso, paradójicamente, recibió respaldo popular, incluso de bases indígenas y de trabajadores. Así, la élite pudo avanzar en una economía contraria a la Constitución, hasta que sus límites se volvieron muros que buscan derrumbar con una nueva Carta Magna. En ese marco, Noboa adoptó medidas aplaudidas por sus partidarios como “valientes”, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel, que disparó protestas sociales y un llamado a paro nacional de la CONAIE, cuya magnitud está por verse.
El Ejecutivo ha combinado estas decisiones con control institucional y la declaratoria de “conflicto armado interno”, que crea un marco adverso para la protesta ciudadana. Hay amenazas, criminalización de movilizaciones y advertencias contra el “terrorismo”. La estrategia oficial más eficaz ha sido vincular toda oposición con el correísmo o con el narcotráfico, desviando la atención pública.
La segunda época plutocrática favorece a un bloque privado de agroexportadores, comerciantes, banqueros y contratistas del Estado, con fuerte concentración de riqueza e impunidad. Cuentan con respaldo de Estados Unidos, de la derecha regional, exaltan las ideas de Javier Milei y se sostienen en acuerdos con el FMI. Durante los tres gobiernos empresariales aumentaron la violencia y la economía ilegal, sin un plan eficaz para enfrentarlas. Los pequeños y medianos productores carecen de peso; los sectores medios y populares son los más perjudicados, con un grave deterioro en salud, educación y condiciones de vida.
Más allá de la “crisis constitucional”, Ecuador vive una confrontación entre clases sociales. Una élite en el poder defiende sus intereses, controla el Estado, los medios y busca imponer un modelo neoliberal. Como en otros momentos históricos de América Latina, un régimen de dominación semejante puede prolongarse, pese a las afectaciones ciudadanas. La acumulación de fuerzas opositoras es lenta y difícil. El país atraviesa ese puente. La frase “solo el pueblo salva al pueblo” implica conciencia colectiva y decisión para revertir condiciones históricas que impiden el desarrollo humano y digno en el siglo XXI.
