Tres días de Contiocap y el saqueo de la Gestora
Rurrenabaque, una preciosa población ubicada en los límites entre los departamentos de Beni y La Paz, en Bolivia, fue el escenario del V Encuentro de “delegaciones de resistencias de todo el país, aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinas y Áreas Protegidas (Contiocap)”. Luego de tres días de deliberaciones y debates, emitió un documento fundamental (nuevamente), que cuestiona no solo los endebles cimientos de la República desde su fallida fundación, sino también de las contradicciones profundas del Estado Plurinacional vigente desde el año 2009. Recordemos que ese año, durante el gobierno de Evo Morales, se aprobó una nueva Constitución Política del Estado, producto de una Asamblea Constituyente demandada, precisamente, por los pueblos indígenas originario campesino de Bolivia durante décadas.
El manifiesto identifica problemas y plantea soluciones. Cuestiona en el fondo una economía basada en el extractivismo de los recursos naturales, la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, y alerta sobre los altos costos de destrucción de los medios de vida saludables de la sociedad. Un extractivismo “además profundizado con falta de transparencia y corrupción”.
Sobre el protagonismo político de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, vale la pena recordar la siguiente autocrítica: “Desde la perspectiva de los sectores obreros e intelectuales, se puede afirmar que cuando nosotros estábamos desorientados, los indígenas y campesinos sí sabían lo que querían; cuando nos encontrábamos inermes ante el neoliberalismo triunfante, ellos lo supieron resistir; cuando nosotros levantábamos banderas de marcha atrás, ellos miraban hacia delante; cuando nos encontrábamos desorganizados y desconcertados, ellos ya fundaban su instrumento político – por supuesto dotado de una organicidad netamente campesina-, y construían el Bloque Oriente y acordaban el Pacto de Unidad, todos inevitablemente basados en la misma organicidad indígena.” Corresponde a Rafael Puente Calvo esa valoración del lúcido rol político del mayoritario pueblo indígena campesino y mestizo, rural y urbano, de Bolivia (Recuperando la Memoria, Rafael Puente, 2010, Editorial La Libre, pg 508).
“…nuestros gobernantes, y los que se disputan el poder, son parte de este sistema de opresión y sometimiento de nuestros pueblos y del pueblo boliviano en su conjunto, para sostener la riqueza de los grandes capitales nacionales y transnacionales, para ellos mantenerse en el poder y beneficiar a su entorno y base política, mientras al pueblo humilde nos mantienen en la pobreza”, denuncia Contiocap. Y el primer punto abordado es la pretensión de los actuales candidatos presidenciales de cambiar la Constitución Política del Estado de 2009. Denuncian además la limitación a su derecho a la participación directa en las elecciones, con la complicidad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la entrega de áreas mineras sobrepuestas a áreas protegidas y territorios indígenas reconocidos por la CPE, entre otros aspectos.
Sobre el diagnóstico de la situación económica, afirman que “la política de los Gobiernos y propuestas de candidatos es pedir préstamos y más préstamos multilaterales, y quienes pagaremos con nuestra vida somos los pueblos indígenas, porque, a cambio van a entrar las grandes empresas transnacionales a nuestros territorios, y lo pagaremos toda la población boliviana a través de impuestos indirectos”. Y añaden que, entretanto, los gobernantes no reducen gastos innecesarios, como publicidad, sueldos elevados de parlamentarios, ministros y gerentes de empresas públicas que no solucionan nada.
Frente a lo anterior, proponen acceder a sus verdaderas autonomías indígenas sin interferencias para desarrollar sus pequeñas economías; meritocracia en los cargos públicos con gente capaz para lograr un desarrollo acorde al hermoso país que tenemos; apoyar y fomentar a los pequeños productores de alimentos y no a modelos del agronegocio que no alimenta; sustituir el extractivismo con una economía que cuide el agua y la vida, la producción agroecológica y la valoración de la producción de los pueblos indígenas y campesinos, así como una relación honesta entre la población del campo y la ciudad para la provisión directa de productos sin intermediarios.
Aunque en el extenso pronunciamiento no se menciona de forma explícita, en los hechos es un documento que pone la mira en el uso del capital y la riqueza que las autoridades del Gobierno central, desde 2006 a la fecha, han hecho precisamente en contra de Bolivia, su población indomestiza y sus productores en todos los aspectos. Es la Gestora Pública que administra más de 28 mil millones de dólares (o tal vez la mitad, si usamos el tipo de cambio no oficial) la que está en el fondo de estos cuestionamientos estructurales. Los préstamos que la Gestora hace con ese dinero, que es el ahorro de los trabajadores dependientes e independientes de Bolivia, financian el agronegocio, la minería invasora de sus territorios, la explotación de madera, el envenenamiento de las aguas dulces de ríos y lagos y el deterioro acelerado del medioambiente.
Y es la Gestora, lo mismo que ha hecho el Banco Central de Bolivia (BCB), al haber prestado las Reservas de Divisas a lo largo de estas dos décadas, al capital financiero transnacional, que, cumpliendo rigurosamente la hoja de ruta del programa neoliberal instaurado por Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 -1997) ha permitido que hoy estemos casi como en Octubre de 2003: a punto de expulsar a los nuevos “gonistas”, ex funcionarios del BCB, y nuevamente de la mano de un poderoso movimiento indígena originario campesino articulado a vastos sectores urbanos y suburbanos que no están dispuestos a repetir la historia.
Hoy parece que sólo cabe preguntarse por qué aún no se han ido, al menos con un poquito de dignidad.
