En censo es un asunto político

Si algo nos han dejado los casi dieciséis años de gobierno del MAS, es la certeza de que lo técnico se subordina a lo político. Recuérdese el tristemente célebre “yo le meto no más y después que los abogados lo legalicen”. Sin querer hacer apología de semejante falta de respeto al Estado Constitucional, debemos reconocer que la ejecución de la Administración Pública se pone en movimiento en función de voluntades e intereses de los gobernantes, los cuales no responden necesariamente a consideraciones técnicas, sino a cálculos políticos, que sopesan benéficos y perdidas emergentes de las decisiones asumidas.

Corresponde mencionar que Censos Oficiales es una competencia privativa del Nivel Central del Estado (Art. 298.I. 16 CPE) lo cual significa que solo el Gobierno Nacional tiene la facultad de legislar, reglamentar, ejecutar y fiscalizar esta materia, estando legalmente inhibido a delegar o transferir su ejercicio (Art. 297.I.1 CPE), a municipios, gobernaciones, universidades, Concejo Nacional de Autonomías o mesas técnicas, que en el mejor de los caos se podrían considerar como meros escenarios de consulta, pero nunca de votación vinculante. 

Habrá que recordar que la administración pública, canal por el cual se realizan todas las actividades censales, no deja de ser la suma de acciones realizadas por funcionarios públicos; de ahí que el tiempo y la eficiencia que tome la realización de dichos actos administrativos, estarán sujetos a los insumos y condiciones con los que se cuenten para su ejecución. De tal manera que si el Gobierno Central, decidiera fijar una estrategia de emergencia, cuyo objetivo sea “Censo 2023”, se podría dar celeridad al proceso conducente al Censo, asegurando al mismo tiempo la veracidad de sus resultados. Si esta fuera la intención, las mesas técnicas, no generarían controversias respecto al año de realización del Censo, sino que se esforzarían en producir la planificación necesaria para viabilizar su ejecución en el 2023.

Existen dos mecanismos que pueden conjugar los elementos jurídico y político en una solución que permita pacificar el Estado. El primero responde a la promulgación de una ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que “Declare Prioridad e Interés Nacional la Realización del Censo en el año 2023”, autorizando al Órgano Ejecutivo Nacional, a que acorde tiempos administrativos, realice contrataciones de bienes y servicios de manera oportuna y asegure de toda la asistencia presupuestaria requerida para dicho efecto. El segundo se asienta en la promulgación de un Decreto Supremo emitido por el Presidente del Estado, en donde se establezca el 2023, como año de la realización del Censo de Población y Vivienda, poniendo a disposición todo el aparato de la administración pública para su cumplimiento. Aunque claro ninguna propuesta de solución será viable, si es que no existe la voluntad que ponga en marcha las acciones técnicas, pues al final de cuentas el censo es un tema político.


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