El SUS ...entre el chantaje y la demagogia
Garantizar el acceso de los ciudadanos, sin discriminación alguna, a la atención de salud de calidad debiera ser la primera obligación de los gobiernos. “Sin salud no hay nada” solemos repetir sin percatarnos, a veces, de su real significado. Y es que esta aseveración es por...
Garantizar el acceso de los ciudadanos, sin discriminación alguna, a la atención de salud de calidad debiera ser la primera obligación de los gobiernos. “Sin salud no hay nada” solemos repetir sin percatarnos, a veces, de su real significado.
Y es que esta aseveración es por demás verdadera,… a una persona enferma, mientras más grave sea el padecimiento, se le para la vida; no puede trabajar, tampoco estudiar, está imposibilitada de continuar con sus actividades cotidianas …incluso las más triviales. Imagínese además si a esto se suma que no cuenta con el dinero suficiente para recuperar su salud. Empieza la debacle! Un calvario por el que pasan diariamente centenares de familias bolivianas.
Nuestro país es uno de los más desiguales de la región en cuanto a otorgar protección social a sus habitantes y particularmente, protección social en salud. El 51% de su población, según informes oficiales, no cuenta con ningún seguro de salud; casi 6 millones de personas comprendidas entre los 5 a 59 años deben gastar de su bolsillo para recibir atención médica en los centros de salud y hospitales “públicos”, demás está decir que la compra de medicamentos, los exámenes que hagan falta, el pago de cirugías y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de recuperar la salud corre por cuenta del afectado. No hay situación que genere mayor desigualdad en una sociedad que aquella que tiene que ver con la atención oportuna y eficiente de sus problemas de salud.
No se puede desconocer que se han dado algunos pasos, desde el año 1996, para dotar de un seguro de salud a algunos grupos identificados como “vulnerables”… pero, a la hora de la evaluación final, resulta que si bien fueron importantes, también fueron absolutamente insuficientes; no otra cosa expresa esa gran masa de personas que están aún libradas a su suerte.
Seguro Nacional de Salud (1996), SUMI (2002), Seguro Básico de Salud (1997-2002), Seguro de Vejez (1998), SUMI (2002), fueron las iniciativas nacionales que se sucedieron; seguidas por los cambios de nombres que a menudo gustan nuestras autoridades hacer, sin que varíe un ápice el fondo del beneficio, ahí tenemos el Seguro del Adulto Mayor y el SIS que resultaron ser las más recientes denominaciones de los programas de aseguramiento que ya estaban funcionando.
Al calor del cambio de las condiciones político administrativas que surgieron en el país, allá por el año 2005-2006, en que por primera vez las máximas autoridades departamentales pasaron a ser electas por cada una de sus poblaciones, dejando atrás la vieja práctica de ser nombradas a dedo desde el gobierno central y, con el ímpetu que daba ese nuevo aire de construcción de un modelo autonómico que inundaba todo, surgió un seguro de salud departamental (SUSAT) para dar atención de salud gratuita precisamente a ese importante grupo de personas comprendidas entre los 5 a 59 años, residentes en el departamento de Tarija y que carecían de un seguro de salud (1º de diciembre del 2006).
Programa de aseguramiento público que intentó ser emulado por otros departamentos, pero que lastimosamente no fueron tan abarcadores ni pudieron sostenerse hasta el día de hoy como el seguro tarijeño.
Si existe la necesidad imperiosa de que aproximadamente 6 millones de personas en el país, tengan la oportunidad de satisfacer sus necesidades y demandas de salud a través del acceso adecuado a los servicios de salud, sin que su capacidad de pago se constituya en un factor restrictivo ¿por qué la oferta del SUS que hace el actual gobierno no logra enamorar a la gente? ¿Cuáles son los motivos por los que la población se mantiene escéptica ante una medida de esta envergadura? ¿Qué es lo que pasa con los sectores clave para implementar el seguro de salud que se promociona, que lejos de adherirse a la propuesta, la critican y cuestionan?.
Es que cuando un gobierno que ya lleva más de 12 años en el poder, se acuerda que la Salud es un derecho, justo en el último año de su mandato; a pocos meses de llevarse a cabo una elección nacional, en la que pretende competir con un par de candidatos fuertemente cuestionados porque a criterio mayoritario de la población no estarían habilitados, lo menos que genera la medida es desconfianza.
Pero si además, las autoridades responsables fueron incapaces de lograr un cierto grado de acuerdo social, a través de un verdadero y democrático proceso de diálogo, en el que los participantes no sean únicamente los de sus sectores afines y en el que se escuche y se incorporen las opiniones de quienes estarán a cargo de su implementación como son los profesionales y trabajadores de la salud, hay grandes posibilidades que esté destinado al fracaso.
Si por añadidura se pretende desconocer la nueva realidad política administrativa del país, con sus competencias en salud definidas para los diferentes niveles de gobierno tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley que regula las Autonomías y los Estatutos Departamentales, el pronóstico de que el SUS prospere no es nada bueno. ¿Cómo se espera que los actores clave y la ciudadanía en general apoyen esta iniciativa del Gobierno Nacional cuando su propio ministro de Economía afirmó (Los Tiempos 1º diciembre 2018) que “el SUS no está contemplado en el Presupuesto General del Estado 2019”?. ¿Cómo lograr adhesiones si con la medida se pretende desconocer experiencias exitosas como la de Tarija con el SUSAT?.
¿Cómo apoyar esta propuesta de aseguramiento universal si para ejecutarla no se buscan consensos…al contrario, se pretende obligar a la firma de un convenio mediante el cual los Gobiernos Departamentales cederían todas sus competencias en salud, entendiéndose por esto que renunciarían a la rectoría en salud que al momento tienen a través del SEDES para que, sea el gobierno nacional el que tome las riendas?
Pretendiendo además, que se pase al gobierno central la dirección y manejo de los hospitales de tercer nivel (San Juan de Dios y pronto Hospital Materno Infantil, Oncológico y Hospital de Yacuiba aún en construcción, en el caso del departamento de Tarija. Por si fuera poco, el Convenio que se quiere imponer obliga a las gobernaciones a transferir al Ministerio de Salud los recursos financieros (el dinero) que se tiene destinado para la salud así como a entregarle, bajo inventario, todos los activos!! ¿Acaso es necesario para implementar un seguro de salud universal, retroceder al manejo centralista de la salud, cuando ya se tuvo una larguísima experiencia con este modelo y cuando todas las evidencias muestran que cuanto más cerca se encuentren los que toman decisiones de las poblaciones y sus necesidades, las posibilidades de éxito son mayores?.
¿Cuáles son los motivos para condicionar el SUS a la toma de control de todo lo que en salud respecta a nivel nacional? Ante tantas evidencias está en duda que, al pretender implementar el SUS, se esté pensando en la gente.
Y es que esta aseveración es por demás verdadera,… a una persona enferma, mientras más grave sea el padecimiento, se le para la vida; no puede trabajar, tampoco estudiar, está imposibilitada de continuar con sus actividades cotidianas …incluso las más triviales. Imagínese además si a esto se suma que no cuenta con el dinero suficiente para recuperar su salud. Empieza la debacle! Un calvario por el que pasan diariamente centenares de familias bolivianas.
Nuestro país es uno de los más desiguales de la región en cuanto a otorgar protección social a sus habitantes y particularmente, protección social en salud. El 51% de su población, según informes oficiales, no cuenta con ningún seguro de salud; casi 6 millones de personas comprendidas entre los 5 a 59 años deben gastar de su bolsillo para recibir atención médica en los centros de salud y hospitales “públicos”, demás está decir que la compra de medicamentos, los exámenes que hagan falta, el pago de cirugías y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de recuperar la salud corre por cuenta del afectado. No hay situación que genere mayor desigualdad en una sociedad que aquella que tiene que ver con la atención oportuna y eficiente de sus problemas de salud.
No se puede desconocer que se han dado algunos pasos, desde el año 1996, para dotar de un seguro de salud a algunos grupos identificados como “vulnerables”… pero, a la hora de la evaluación final, resulta que si bien fueron importantes, también fueron absolutamente insuficientes; no otra cosa expresa esa gran masa de personas que están aún libradas a su suerte.
Seguro Nacional de Salud (1996), SUMI (2002), Seguro Básico de Salud (1997-2002), Seguro de Vejez (1998), SUMI (2002), fueron las iniciativas nacionales que se sucedieron; seguidas por los cambios de nombres que a menudo gustan nuestras autoridades hacer, sin que varíe un ápice el fondo del beneficio, ahí tenemos el Seguro del Adulto Mayor y el SIS que resultaron ser las más recientes denominaciones de los programas de aseguramiento que ya estaban funcionando.
Al calor del cambio de las condiciones político administrativas que surgieron en el país, allá por el año 2005-2006, en que por primera vez las máximas autoridades departamentales pasaron a ser electas por cada una de sus poblaciones, dejando atrás la vieja práctica de ser nombradas a dedo desde el gobierno central y, con el ímpetu que daba ese nuevo aire de construcción de un modelo autonómico que inundaba todo, surgió un seguro de salud departamental (SUSAT) para dar atención de salud gratuita precisamente a ese importante grupo de personas comprendidas entre los 5 a 59 años, residentes en el departamento de Tarija y que carecían de un seguro de salud (1º de diciembre del 2006).
Programa de aseguramiento público que intentó ser emulado por otros departamentos, pero que lastimosamente no fueron tan abarcadores ni pudieron sostenerse hasta el día de hoy como el seguro tarijeño.
Si existe la necesidad imperiosa de que aproximadamente 6 millones de personas en el país, tengan la oportunidad de satisfacer sus necesidades y demandas de salud a través del acceso adecuado a los servicios de salud, sin que su capacidad de pago se constituya en un factor restrictivo ¿por qué la oferta del SUS que hace el actual gobierno no logra enamorar a la gente? ¿Cuáles son los motivos por los que la población se mantiene escéptica ante una medida de esta envergadura? ¿Qué es lo que pasa con los sectores clave para implementar el seguro de salud que se promociona, que lejos de adherirse a la propuesta, la critican y cuestionan?.
Es que cuando un gobierno que ya lleva más de 12 años en el poder, se acuerda que la Salud es un derecho, justo en el último año de su mandato; a pocos meses de llevarse a cabo una elección nacional, en la que pretende competir con un par de candidatos fuertemente cuestionados porque a criterio mayoritario de la población no estarían habilitados, lo menos que genera la medida es desconfianza.
Pero si además, las autoridades responsables fueron incapaces de lograr un cierto grado de acuerdo social, a través de un verdadero y democrático proceso de diálogo, en el que los participantes no sean únicamente los de sus sectores afines y en el que se escuche y se incorporen las opiniones de quienes estarán a cargo de su implementación como son los profesionales y trabajadores de la salud, hay grandes posibilidades que esté destinado al fracaso.
Si por añadidura se pretende desconocer la nueva realidad política administrativa del país, con sus competencias en salud definidas para los diferentes niveles de gobierno tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley que regula las Autonomías y los Estatutos Departamentales, el pronóstico de que el SUS prospere no es nada bueno. ¿Cómo se espera que los actores clave y la ciudadanía en general apoyen esta iniciativa del Gobierno Nacional cuando su propio ministro de Economía afirmó (Los Tiempos 1º diciembre 2018) que “el SUS no está contemplado en el Presupuesto General del Estado 2019”?. ¿Cómo lograr adhesiones si con la medida se pretende desconocer experiencias exitosas como la de Tarija con el SUSAT?.
¿Cómo apoyar esta propuesta de aseguramiento universal si para ejecutarla no se buscan consensos…al contrario, se pretende obligar a la firma de un convenio mediante el cual los Gobiernos Departamentales cederían todas sus competencias en salud, entendiéndose por esto que renunciarían a la rectoría en salud que al momento tienen a través del SEDES para que, sea el gobierno nacional el que tome las riendas?
Pretendiendo además, que se pase al gobierno central la dirección y manejo de los hospitales de tercer nivel (San Juan de Dios y pronto Hospital Materno Infantil, Oncológico y Hospital de Yacuiba aún en construcción, en el caso del departamento de Tarija. Por si fuera poco, el Convenio que se quiere imponer obliga a las gobernaciones a transferir al Ministerio de Salud los recursos financieros (el dinero) que se tiene destinado para la salud así como a entregarle, bajo inventario, todos los activos!! ¿Acaso es necesario para implementar un seguro de salud universal, retroceder al manejo centralista de la salud, cuando ya se tuvo una larguísima experiencia con este modelo y cuando todas las evidencias muestran que cuanto más cerca se encuentren los que toman decisiones de las poblaciones y sus necesidades, las posibilidades de éxito son mayores?.
¿Cuáles son los motivos para condicionar el SUS a la toma de control de todo lo que en salud respecta a nivel nacional? Ante tantas evidencias está en duda que, al pretender implementar el SUS, se esté pensando en la gente.
