El País, con la autonomía

El sistema autonómico es sin duda el mejor de los disponibles para garantizar la cobertura de servicios públicos con eficiencia y racionalidad. Nadie mejor que uno va a saber las necesidades urgentes que se dan en su casa y como priorizar los recursos para atenderlos todas sin caer en bancarrota. la autonomía es por tanto un mecanismo útil para ejercer una ciudadanía más plena, teniendo más cerca a aquellos que resuelven los problemas.El gran defecto del diseño autonómico que al final se adoptó en Bolivia en 2009 es que los caudillos de entonces no pensaban en la autonomía para brindar servicios a los ciudadanos sino para licitar grandes obras, más cuando los recursos coyunturales de los hidrocarburos, con los que paradójicamente se iba a financiar el cambio estructural de modelo de Estado, crecían año a año. La Ley Marco de Autonomías y la Ley Financial acorraló todavía más el modelo, dejando entonces una especie de simulacro caro y con poco impacto en el devenir diario del joven estudiante o la madre enferma. En Tarija el único programa encaminado al enfoque asistencial necesario es el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat), sin duda la mejor herencia de estos diez años.Si el diseño autonómico que la negociación nacional finalmente permitió que se inscribiera en la Constitución Política del Estado fue corto y dependiente, el que Tarija diseñó para su propia estructura interna fue peor en el sentido inverso, lo que a estas alturas ha causado serios problemas: no hay proyecto ni visión departamental de conjunto y el alto índice de endeudamiento dependiente en exclusiva de los ingresos hidrocarburíferos ha puesto en riesgo la sostenibilidad.Durante las dos legislaturas del experimento, quienes verdaderamente han puesto en riesgo la autonomía departamental han sido los ejecutivos seccionales primero, convertidos a subgobernadores después, por su irresponsable manejo económico del que, además, no han dado explicaciones a nadie.El sistema de elección directa de autoridades seccionales solo ha servido en la práctica para dilapidar recursos públicos en gasto corriente y alimentar absurdas competencias con los alcaldes municipales por un lado y el propio Gobernador por otro. La elección directa ha alimentado además egos enormes de autoridades que han gustado de comprar grandes vagonetas y nombrar decenas de colaboradores para darse el gusto de mandar a alguien.Los subgobernadores, antes ejecutivos seccionales, son los principales responsables de la enorme deuda de la Gobernación que ahora anda colocando en fideicomisos y créditos privados, a jugosos intereses y que, en todo caso dependen del visto bueno del Gobierno Central. Algunos de los reelectos llegaron a firmar más de 600 millones de bolivianos a pocas semanas de su renuncia. Millones que pagaremos entre todos.En 2014 los asambleístas hicieron trampa. Se guardaron durante el tiempo justo la orden del Tribunal Constitucional de eliminar la elección directa de esas autoridades del Estatuto hasta que el presidente Evo Morales firmó la convocatoria de elecciones contemplándolo; después fue promulgado el texto. En este 2018 no caben nuevas chicanas ni acuerdos intermedios, ni leyes reinterpretativas.Quienes garantizan la atención de los servicios básicos y necesidades en los municipios son los alcaldes, el mismo Estatuto contempla fórmulas para colaborar entre el nivel departamental y el municipal y son los asambleístas departamentales quienes deben hacer cumplir esos procedimientos velando por la corrección en las leyes, empezando por la Financial. Mantener una estructura paralela reproduciendo lógicas de poder caudillista y caciquil sería atentatorio para cualquier forma lógica de sostenibilidad. Es tiempo de volver a la racionalidad para que la Autonomía, la de verdad, siga creciendo.