El Dakar y el silencio de un Gobierno

Lo cierto es que el nuevo Código ha puesto en pie de guerra a muchos sectores con intereses muy diversos y poco ligados entre sí, lo que ha motivado que fruto de los celos y rivalidades de actores que no quieren coincidir, la protesta parezca todavía más grande de lo que es. El más claro ejemplo es Tarija, que el miércoles vio la protesta de los cívicos y profesionales, el jueves la del Transporte y para hoy se prevé que se movilice la Central Obrera además de los cívicos de nuevo. El Gobierno no acaba de creer lo que está pasando, pues tienen razón que el primer borrador del Código Penal circulaba ya en marzo de 2017 y que las protestas recién han empezado en serio en 2018. Los primeros fueron los periodistas, que en septiembre advirtieron que se atentaba contra la libertad de expresión, también los médicos se quejaron del tratamiento de la negligencia médica en diciembre, pero durante muchos meses de lo que se habló fue de la figura del aborto, sobre el que el nuevo código penal contemplaba algunas excepciones a la despenalización novedosas respecto al anterior, que ya lo despenalizaba en supuestos como la violación o el riesgo para la madre. Más allá de ese tema en el que convergen ideales religiosos y convicciones morales y que levanta pasiones en el auditorio, muy poco se habló de otros términos.Después de pasar un mes resistiendo la protesta de los médicos, el Gobierno y todos sus voceros tuvieron que cambiar de opinión luego de que hablara el presidente Evo Morales y pidiera la abrogación de ese artículo y el criticado por el Transporte pesado, antes de realizar una sola acción, que condenaba el homicidio con medio de transporte con cárcel, multa e inhabilitación. La “debilidad” del Gobierno fue aprovechada entonces en masa por otros sectores profesionales y sociales teóricamente amenazados con la nueva redacción y también, no se puede negar, por sectores con intereses políticos que por enésima vez se vieron sobrepasados por la realidad y buscaron sumar lo posible. La debilidad de la oposición es tal que cualquier intento de capitalización de un conflicto le acaba desgastando más.El mismo Gobierno que había visto cerrar 2017 con sus ambiciones cumplidas sin mayor oposición, miran ahora atónitos la posibilidad de un desborde no planeado. Después de un año en el que se intentó cambiar del ceño fruncido a un rostro más amable metiendo en la heladera a Juan Ramón Quintana y algún otro de su corte, como Marianela Paco; el Tribunal Constitucional reescribió la Constitución para desconocer los resultados del 21 de febrero, después se votó a los jueces con otro “empate técnico” y finalmente, un millón de personas arropó la repostulación de Morales para 2019. Asunto resuelto, decían. Hasta que el Código Penal se cruzó en la agenda legislativa.Sin entrar a valorar el fondo del documento del Código Penal, al Gobierno le han fallado las formas en su tratamiento. El rodillo de los dos tercios es infalible en la Asamblea, pero puede acabar haciendo daño cuando se buscan perfiles electorales. El empecinamiento de Álvaro García Linera, que no dudó en promulgar el Código mientras Morales estaba d viaje, le vuelve a pasar factura al presidente.El problema en las calles no parece ser tanto el de lo escrito en el Código Penal sino la falta de confianza en quien debe aplicarlo, desde la Policía hasta los jueces pasando obviamente por el Gobierno. No en vano, la mayoría de Bolivia decidió anular su voto en la última elección antes que elegir a uno solo de los candidatos en liza.El Gobierno no sabe qué hacer y todos los ministros se esconden detrás del presidente, que a su vez se encomienda a “la magia del Dakar” y su efecto anestésico que, sin embargo este año, no parece vaya a tener los mismos efectos. La imagen del Gobierno antiimperialista abrazando millonarios entretenidos en sus vehículos lujosos no hace sino insuflar más ánimos a la protesta.