Todos contra el Código Penal

Los primeros en advertir que el texto contenía artículos atentatorios contra el ejercicio profesional fue precisamente el gremio periodístico a través de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), artículos que han persistido en la agenda durante la tramitación en la Asamblea Plurinacional pese a los compromisos de los presidentes de las Cámaras y en particular del presidente del Senado, Alberto Gonzales, periodista él.La manera en que se enfoca todo lo relacionado con la canalización de la protesta y la denuncia pública a lo largo de diferentes artículos del Código deja en claro que la limitación de la libertad de expresión y de prensa es una consigna desde el nivel central del Estado instruida a sus operadores de Justicia, en este caso al menos a los Fiscales. El Código llega a penalizar gravemente la revelación de secretos cuando atenten al interés general. Un concepto, el de interés general, que evidentemente no es igualmente valorado por un periodista entregado al público que paga sus impuestos que por un político empeñado en culminar esta carretera o aquella planta a como dé lugar.Una vez en alerta, los sectores empezaron a averiguar por lo que les tocaba en primera persona, y lo encontraron, y es que con las cosas del comer no se juega.Primero fue la protesta médica, con más de 40 días en pie de guerra para abrogar el artículo que tipificaba la negligencia médica, un concepto incorporado en el nuevo articulado a semejanza de la regulación de los países del entorno pero que en Bolivia ha caído especialmente mal por la decadente inversión en un sector maltratado y riesgoso. No es que antes no se pudiera juzgar a un médico por homicidio imprudente o lesiones, y no es el artículo del Código el único punto en la agenda, que incluye otros intereses, pero la lucha al final se redujo a una cuestión de dignidad gremial.La salud, sin embargo, no le parecía tan importante al Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera como ver sus carreteras construidas bloqueadas por el Transporte Pesado que también se ha sentido agraviado al tipificar el homicidio culposo con medio de transporte.Tanto para alguien que haya perdido a su madre en un hospital donde el cirujano nunca apareció como para aquel que haya perdido a su hijo atropellado por un taxista que se saltó un semáforo las penas contempladas (entre dos y cuatro años, reparación e inhabilitación) son demasiado bajas.Es cierto que existe detrás de la organización de la protesta una cierta irresponsabilidad o un pedido de impunidad que no es tolerable. Las penas son individuales y no se trata de criminalizar a un sector, como un sector no puede poner la mano en el fuego por todos y cada uno de sus afiliados.Es cierto que uno de los principales problemas que tenemos en este país es que la mayoría, la inmensa mayoría, no cumple las normas. Y que nadie las hace cumplir. La Ley de la selva unida a la corrupción campante en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho del país un lugar tan vulnerable que ha afectado a su propio desarrollo, anclándonos en el atraso crónico.El problema, sin embargo, no parece ser tanto el de la letra escrita sino el de la confianza en quien la debe hacer aplicar. La mayoría de los bolivianos rechazó la elección judicial, la de los jueces que deberán aplicar este Código Penal redactado por el mismo Gobierno que apeló a esos mismos jueces rechazados para seguir siendo Gobierno pese a los resultados del referéndum del 21 de febrero.El círculo parece empieza a cerrarse. Morales cada vez más lejos de sus amigos y sus bases, ensimismado en su propia continuidad en el poder. García Linera aprovechando el aislamiento para impulsar su modelo de capitalismo de Estado autoritario.Morales ya habla de “conspiración”; no tardará en apuntar al Imperio. Lo cierto es que el Código, en tanto toca los intereses más individuales, ha servido de poderoso significante, que diría Laclau, para movilizar a la sociedad por encima de las consignas. La pelota está en el tejado de Morales. 2018 empieza con fuerza.