El país donde es ilegal la desigualdad salarial por el mismo trabajo
Mediante una ley que entró en vigencia precisamente el 1 de enero de 2018, tras ser promulgada por la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, Islandia ha declarado ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres cuando realizan igual trabajo. La norma exige a las empresas tanto privadas y...
Mediante una ley que entró en vigencia precisamente el 1 de enero de 2018, tras ser promulgada por la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, Islandia ha declarado ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres cuando realizan igual trabajo. La norma exige a las empresas tanto privadas y públicas una política de paridad salarial. En caso de no cumplir con aquello, se exponen a millonarias multas. Además, la nueva legislación no sólo apunta a la igualdad de género, sino que va más allá y prohíbe la desigualdad salarial de cualquier colectivo por igual trabajo, independiente de género, etnia, sexualidad, nacionalidad o religión. La ley ha sido apoyada tanto por el gobierno como por la oposición, en concordancia el camino seguido por ese país desde hace ya varios años en materia de iniciativas concretas para combatir la desigualdad. Este camino ha logrado que, según el informe Global sobre la Brecha de Género que elabora el Foro Económico Mundial, Islandia sea desde hace casi una década, el país con una de las menores diferencias salariales entre hombres y mujeres. Y esta última medida legal es un paso más para acabar con cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral. Al contrario, la tendencia mundial es de ensanchar la brecha salarial. Según el mismo informe de Foro Económico Mundial, advierte de la “ralentización de la lucha contra la brecha salarial a nivel global” y resalta que, de no tomarse medidas urgentes, esta brecha tardará dos siglos en cerrarse. O sea que se ha retrasado en 47 años el momento del supuesto “ensamblaje remunerativo” respecto a su último diagnóstico, lo que relega más de dos siglos (exactamente, 217 años) la proclamación de la igualdad retributiva. Es decir, recién para el año 2234. ¿Cómo vamos en casa? Según el informe “Salario, remuneraciones y empleo del sector privado 2008-2015” del Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha salarial entre hombres y mujeres se amplió casi siete veces en Bolivia durante ese periodo de tiempo, de Bs. 6.0 en 2008 a Bs 410 en 2015. El sueldo de los varones creció en 64% y el de las mujeres en 52%.Por su parte, la Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres) en Bolivia, advirtió en abril de 2017 que, al momento de hacer la remuneración salarial, las mujeres ganan el 50% menos que los hombres y sólo se tiene registros de su labor en sectores que no son muy productivos. Datos del INE sobre la “Brecha de género en el ingreso promedio mensual en la ocupación principal”, disponibles en su sitio web, dan cuenta de que en 2016 la brecha era de Bs. 815,4 en promedio a nivel Bolivia. En el sector empresarial esta brecha subía a Bs. 914,83. Pero es alarmante saber que en el sector estatal la brecha es casi igual a la del sector empresarial: Bs. 912,60, también mayor al promedio nacional. La serie de estos datos del INE desde 2007 muestran un incremento de la brecha considerable, que en promedio nacional ese año era de Bs. 624,54 (y de Bs. 562,13 para el sector estatal y Bs. 507,19 para el empresarial). Pese a esta situación, los esfuerzos hechos por mejorar la igualdad en Bolivia permiten que nuestro país esté en el puesto 17 del ranking global 2017 del Foro Económico Mundial en materia de igualdad salarial (general, no sólo de género). Este ranking es encabezado precisamente por Islandia, seguido por Noruega, Finlandia y Suecia. Bolivia, en el puesto 17, está por encima de países como España (puesto 24), Cuba (25), Suiza (21), Sudáfrica (19) y Bulgaria (18). Pero aunque en algunos aspectos se ha avanzado, en materia de igualdad de género queda mucho camino por recorrer. El combate contra la discriminación no se limita a acuerdos y declaraciones, sino que requiere de continuas y concretas acciones colectivas y mecanismos de solidaridad para defender los derechos.


