Un año estable o de incertidumbre
Que se acaba el petróleo se lleva escuchando décadas, y hasta ahora no ha pasado. Más bien el más grave problema reciente tiene que ver con un exceso de combustible que, gracias a las fuertes inversiones en tecnología, han conseguido hacer rentables técnicas de extracción que parecían...
Que se acaba el petróleo se lleva escuchando décadas, y hasta ahora no ha pasado. Más bien el más grave problema reciente tiene que ver con un exceso de combustible que, gracias a las fuertes inversiones en tecnología, han conseguido hacer rentables técnicas de extracción que parecían ciencia ficción hace una década. El shale y la “peligrosísima” técnica del fracking desarrollada principalmente en Estados Unidos han dejado claro que petróleo queda en cantidades industriales para cuando haga falta. Una vez demostrado y luego de haber invertido cantidades ingentes de dinero para bajar los costos y demostrar que no solo existe sino que es competitivo (se llegó a producir por debajo de los 30 dólares el barril) devolviendo a Estados Unidos su papel central en esa industria, los impulsores parecen dispuestos a bajar el pistón y conceder algunas dudas sobre su viabilidad ecológica manteniendo equilibrios de aliados con los productores tradicionales.2018 será, como dice el Ministro Luis Alberto Sánchez, un buen año para los hidrocarburos en Bolivia. El barril al fin se ha estabilizado. Ya no son los 120 dólares de 2014 ni los 30 de 2016 sino que todas las casas y bancos apuestan por un barril entre los 55 y los 65 dólares. Traducido a lo local, si se mantiene la exportación a la Argentina, aunque se tiene previsto reducir ligeramente la exportación a Brasil, Tarija podría volver a las rentas petroleras por encima de los 400 millones de dólares. Ya no los 700 de 2014, tampoco los 180 de ahora.El Presupuesto General del Estado para 2018 contiene alguna trampa importante en estos cálculos, y es que el Gobierno ha cifrado en 45,50 dólares el precio del barril WTI, de referencia para Bolivia y el cálculo de los pagos por la exportación de gas. Con las estimaciones más conservadoras, que conceden un mínimo de 51 dólares para el barril en 2018, el margen de error estría en los seis dólares, que calculado por el volumen exportado suma varios cientos de millones de dólares.2018 es el principal año preelectoral en el que el Movimiento Al Socialismo quiere imponer una agenda de eficiencia en la gestión para demostrar que no hay alternativa y que solo la continuidad de Morales permitirá seguir prosperando al país y a usted. Los recursos adicionales servirán sin duda para darle un final de traca a este año preelectoral vital para los intereses del MAS y de la oposición, pero sobre todo, del país.La cuestión es si después de más de una década en el poder, las promesas de largo plazo y las entregas masivas de miniobras en todos los municipios del país le servirán al presidente Evo Morales y su equipo a consolidarse o por el contrario, tratarán de inventarse algo nuevo.Y es que 2018 puede contener un caramelo envenenado para el Ministro Sánchez y el Gobierno de Evo. La postergación de la certificación de reservas durante años, el todavía no explicado anuncio del vicepresidente de que las empresas que iban a hacer la certificación ya estaban contratadas en junio de 2017 cuando ni siquiera se había aprobado su licitación y la posterior caída en dos ocasiones de este proceso empieza a despertar sospechas.Conocer el volumen de gas en las entrañas del país es indispensable para tener credibilidad internacional pero sobre todo para que el Gobierno de turno pueda planificar de verdad el desarrollo. Las medias tintas y los titubeos con los que se lleva adelante el proceso industrializador no son alentadores: En 2017 se ha dado un paso adelante con la urea de Bulo Bulo y dos atrás, con la desaparición de la licitación de la petroquímica de Yacuiba.El cálculo de reservas tiene que ver con lo disponible, pero también con aquello que se puede vender o utilizar. En 2013 se certificaron 10,45 trillones de pies cúbicos, cualquier paso atrás se entendería como un fracaso porque así lo ha presentado el Gobierno. No cabe explicación técnica ni contratación por excepción que lo maquille.