Cambiar el 45% o como hacernos más pequeños

El documento fue uno de esos que se redactaron entre gallos de media noche y que tiene como protagonistas al ex gobernador huido Mario Cossío y al hoy asambleísta Wilman Cardozo. Ambos tenían aquel 2003 muchas aspiraciones por delante. Cossío, que era presidente de la Cámara de Diputados, era un animal político que esperaba su turno en el MNR. Cardozo, por su parte, había abrazado la teoría de la confrontación política y empezaba a gestionar las ideas secesionistas del Chaco y Tarija que se agitaban (dando muchos réditos) cada vez que se nombraba aquello del décimo departamento. Hoy sigue utilizándose en ciertos ámbitos electorales.El texto blindó que el 45 por ciento de las regalías del departamento se pagaran a la provincia Gran Chaco. Todas, independientemente de donde se produjeran. Es evidente que ni Cossío ni Cardozo dejaron al azar este tipo de redacción del texto de la Ley.Con la redacción abierta se salvaron algunos obstáculos, como el que inmediatamente hubiera sobrevenido al definir la ubicación espacial del cantón Ivoca y por ende, del megacampo Margarita, que entrerrianos y chaqueños se disputan. La redacción del texto reconocía así la particularidad del Gran Chaco dentro del departamento de Tarija que los chaqueños venían reclamado desde los 80. Originalmente, el reclamo del 45 por ciento tenía que ver con los recursos de la Corporación del Desarrollo de Tarija (Codetar) y el peso territorial más que poblacional o económico.Ni en los 80, ni en los 2000 (ni hoy) se conocía todavía la dimensión de las reservas a su cabalidad y más bien se especulaba bastante al interior de Bolivia mientras al exterior se hacían excelentes negocios en las bolsas de Wall Street. Cardozo y Cossío pactaron un texto y un mecanismo, posteriormente enriquecido con asuntos reglamentarios como la trasferencia directa, etc, que marcaría la deriva autonomista tarijeña en los siguientes 20 años, como se está viendo. La caída de la producción en los campos tradicionales del Chaco, como San Antonio y San Alberto, ambos descubiertos por YPFB pero explotados por Petrobras, junto a los anuncios rimbombantes de nuevas y riesgosas exploraciones en nuevos territorios, como el adjudicado también a Petrobras en la reserva de Tariquía ha puesto en guardia a las autoridades de otros municipios y provincias productoras que, perjudicadas por la crisis general del departamento, han visto en la modificación de la Ley una buena oportunidad de negociación, más que de asegurar ingresos.Bermejo, Padcaya y Entre Ríos han conseguido movilizar al resto de municipios productores del país para exigir una modificación de la Ley del 45 por ciento de Tarija, extendiendo a todo el territorio nacional el pago del 45 por ciento de las regalías pero directamente para el municipio productor. En lo que respecta a Tarija no habría mayor cambio en lo que respecta a la regalías aunque en Gobernaciones como la de Chuquisaca, además de Cochabamba y Santa Cruz supondría una revolución de primer orden. Formalmente, el pedido de las regiones productoras, sobre todo las de Tarija, tiene base para al menos ser escuchado. La Ley 3038 no fue clara respecto a los objetivos y más se convirtió en un experimento de paz negociada con equilibrios de poder que hasta el momento se han mantenido. Bolivia tiene una deuda histórica con el Chaco boliviano, con Villa Montes y con todo lo que se perdió en la fatídica guerra de hace casi un siglo y que, sin embargo hasta hoy, no cuenta con una carretera que lo vincule con el occidente del país. Es Bolivia la que tiene esa deuda y no la Prefectura de Tarija (hoy Gobernación), que más o menos ha olvidado por igual a todas sus provincias a lo largo de su historia. Ahora bien, desde El País ya hemos advertido que el reparto de regalías cada vez en porciones más pequeñas no hará otra cosa que aumentar las desigualdades y la dependencia del desarrollo de un sector que no se puede controlar internamente. La Autonomía es la mejor forma de gestión de servicios y necesidades de los vecinos. La atomización, sin embargo, solo multiplica gastos, destruye los proyectos vertebradores del territorio y merma la capacidad de resistencia ante factores externos. El tema se debatirá en la Cámara de Diputados, pero resulta necesario un diálogo departamental sobre estos aspectos, sobre todo, para no desaparecer como concepto.