Eleccion popular de jueces en bolivia

Inicialmente debemos recordar que las máximas autoridades judiciales eran elegidas en el Congreso Nacional de ternas elevadas por el Consejo de la Judicatura, con esta situación, es decir, la elección indirecta de los jueces, la subordinación del Poder Judicial al poder político y al poder económico, era inevitable. Ante esta situación era importante generar verdaderas alternativas de elección, aprobando candidaturas independientes en cada uno de los Tribunales, siendo imprescindible de igual manera que esta nueva figura de elección por voto popular -en lo sucesivo- sea realizada en las mejores condiciones y sin señales de manipulación política, evitando los desaciertos que fueron parte de la primera elección de autoridades judiciales llevadas adelante en la gestión 2011.El proceso de selección y elección democrática de los máximos representantes judiciales se ha convertido en un momento fundamental de la democracia moderna, por ello, buena parte de las reglas de juego democrático tienen que ver con las instancias, las formas y las estrategias relacionadas con los procesos electorales, pues es en éstos procesos donde el soberano, hace pesar directamente su poder (derechos políticos) mediante el voto. Sabemos muy bien que la elección de magistrados por voto popular, por sí sola no va a resolver los problemas de la justicia boliviana, aunque puede ser el inicio para transformarla; puesto que se tiene consciencia de que es necesaria una verdadera reingeniería estructural que pueda superar la actual crisis de la administración de justicia.Por otra parte, si bien existen precedentes en otros países del continente americano, en la elección directa de operadores judiciales no existe precedente de un proceso de elección de las máximas autoridades judiciales, Bolivia es el primer país en América implementando la elección directa de altos magistrados.Ahora bien, con la puesta en marcha de nuestra Constitución Política del Estado, se vienen aprobando diferentes normativas de desglose, que hacen viable la elección de magistrados en Bolivia, es así que entre ellas encontramos el reglamento interno que especifica claramente los requisitos y la manera en que se llevarán a cabo dichas elecciones; consiguientemente, de acuerdo al Reglamento Interno de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, se pudo tomar en cuenta varios aspectos que hicieron que esta etapa recibiera duras críticas y por ende sea considerada -por una parte de la población- como un verdadero fracaso.En sentido, la pregunta que nos hacemos todos los bolivianos: ¿Será que el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de preselección de candidatas y candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional P. garantizará la independencia y una verdadera elección democrática de las altas autoridades jurisdiccionales?.Conocemos muy bien que la función de los jueces es resolver las causas de acuerdo a la Constitución y las leyes y no de acuerdo a la opinión de sus electores. La legitimidad que nace del buen desempeño de la función judicial es más importante que la legitimidad del origen del mandato y es la que en último análisis, garantizará una verdadera eficacia del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.En ese sentido y de acuerdo a las diferentes críticas que se fueron dando en torno a la preselección de las máximas autoridades judiciales, se pudo observar que no existe una reglamentación adecuada, capaz de dar lugar a la preselección de los candidatos más idóneos, para posteriormente llevarlos a las urnas y ser electos por el pueblo boliviano. Estamos conscientes del avance que hemos logrado hasta la actualidad; empero, se debe buscar optimizar las reglas referidas a la primera etapa del proceso de selección, con la finalidad de obtener -a un mediano plazo- magistrados idóneos, capaces, independientes e imparciales que respondan de acuerdo a la Constitución y las leyes.En consecuencia, se ha recurrido a la doctrina y a la legislación comparada para establecer cuál es el mecanismo de elección que garantice los principios elementales de la administración de justicia, analizando también cuál es el tratamiento realizado en nuestra legislación, todo esto con el único propósito de contribuir al actual proceso de preselección de candidatos a los diferentes tribunales, teniendo como resultado la necesidad imperiosa de realizar modificaciones al Reglamento Interno de preselección de candidatos judiciales y tener reglas claras para llevar adelante el proceso establecido, en el cual podamos verificar de manera pública y transparente que los postulantes más competentes puedan ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, es importante la creación de un COMITÉ NACIONAL EVALUADOR integrado por profesionales probos del medio, con una experiencia notoria a nivel nacional e internacional, encargados de evaluar previamente a los profesionales más competentes y constituirse en un sistema de filtro que permita mejorar la primera etapa del proceso de preselección de candidatos judiciales, para que posteriormente sean remitidos y preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, garantizando así y a mediano plazo, un verdadero ejercicio democrático que fortalezca el Estado Plurinacional Democrático de Derecho y la independencia del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.