Un Pacto Fiscal para crecer

La convocatoria de la reunión del Pacto Fiscal pilló casi de sorpresa a las regiones, pues se inició en plena campaña por Alcaldías y Gobernación en 2015, un Lino Condori en descuento final, más interino que nunca, fue el primer representante de Tarija. La convocatoria venía marcada por la Ley Marco de Autonomías, que vinculaba la apertura de debates a partir de los resultados del Censo de 2012, que por cierto contaron con numerosos retrasos y falencias como aquella corrección de cifras de población a última hora que, entre otros, hizo retroceder a Tarija por debajo del medio millón de habitantes.El Pacto Fiscal es la herramienta básica para gestionar la autonomía contemplada en la Constitución Política. Es esencialmente una distribución de recursos eficaz y coherente para todos que permita cumplir las aspiraciones del autogobierno. Este punto no es menor. Las diferentes regiones de Bolivia no tienen las mismas aspiraciones.No es cuestión de retrotraernos a los tiempos de la Media Luna y la forma en la que se logró incluir el modelo de gestión autonomista en el texto constitucional para evitar una confrontación que parecía inevitable. Tampoco es cuestión de abrir una profunda reflexión que elimine el modelo al calor de los resultados de del referéndum de 2015, donde la mayoría de las regiones que no eran de la Media Luna y se les impuso un modelo y un texto en el que no pudieron participar, ni entender.No es cuestión, pero tampoco se puede dejar de lado. El café para todos no suele ser la solución más cómoda, aunque sea la más práctica. Regiones que abanderaron la lucha autonómica, como Santa Cruz, no han llegado a adecuar ni un artículo a la Constitución Política del Estado mientras que otros departamentos que han implementado sus poderes legislativos tampoco encuentran respaldo en su Estatuto.El debate del Pacto Fiscal llega en un mal momento para todos. Todo apunta a que el precio de los Hidrocarburos no se recuperará, al menos en el corto plazo. Desde 2010 se han configurado fabulosas estructuras devoradoras de gasto corriente, de ingresos propios, dejando la inversión a la suerte de Wall Street. Esto se ha llevado por delante los esfuerzos fiscales y superávit de los años de bonanza y, para sostener el ritmo, se han copado todas las fuentes de financiación multilaterales ordinarias y casi todas las bilaterales, con los pocos países que aún pueden ofrecer préstamos.En coincidencia, el Movimiento Al Socialismo no tiene intención de soltar la gestión de los servicios públicos esenciales. En su posición se pueden encontrar aspectos ideológicos y relativos a la conformación del movimiento nacional popular que representó en su génesis; pero también aspectos más pragmáticos como las pequeñas y a veces lucrativas batallas de asignación de ítems.Las autonomías piden más recursos y ofrecen también, con menor intensidad, hacerse cargo de otras competencias. La Autonomía de la Constitución Política del Estado y sobre todo, la de la Ley Marco, se esforzó por convertir a los nuevos jefes territoriales en licitadores profesionales sin preocuparse mucho más de la gestión de servicios. Un esquema que además quedó perfectamente sometido en el articulado de la misma Ley a las voluntades del Ministerio de Economía y Planificación. Ejemplos como el de la gestión de Lino Condori, donde los muchos recursos que pasaron por Tarija acabaron dilapidados en proyectos que hoy no se pueden enumerar, hacen un flaco favor al debate del Pacto Fiscal, pero es necesario reflexionarlo para establecer los mecanismos de control que eviten una nueva situación similar. Tanto si llegan nuevos recursos, como si no.El debate fiscal debería haber servido para organizar mejor las competencias y repartir de forma adecuada los recursos. Mejor. Pero mejor para el ciudadano.