Cataluña y el modelo autonómico boliviano

El Gobierno español conducido por Mariano Rajoy ha negado el proceso sistemáticamente y, en las últimas semanas, ha movilizado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, apoyados en los Tribunales, o viceversa, han empezado a reprimir el proceso con toda suerte de detenciones, toma de declaraciones e incautaciones de cualquier material ideado para llevar adelante la consulta, desde urnas hasta papeletas y carteles.El Gobierno español alega que no es legal y la Generalitat de Cataluña, que en base a su Estatuto de Autonomía y la mayoría parlamentaria de las fuerzas independentistas ha construido una legalidad paralela asegura que sí y pregunta que qué puede haber más democrático que votar. El presidente Carles Puigdemont se ha quedado al frente y es de los pocos que sigue asegurando que el domingo se va a votar, aunque su propio partido ha descartado una declaración unilateral de independencia.Con los centros de votación custodiados por las Policías, sin ánforas, sin papeletas, sin censo conocido y sin Junta Electoral, parece difícil que el domingo se pueda llevar adelante una votación como la que plantea Puigdemont, pero también es evidente que el proceso será imparable, que la represión policial solo ha exacerbado a los más extremistas y que la negación sistemática ha prendido la llama independentista entre los más jóvenes, como quedo claro ayer en la jornada de huelga y manifestación de los institutos y universidades públicas, aplastantemente seguida. Si no hay un cambio de modelo de Estado, Cataluña será tarde o temprano una nación independiente.El pulso entre el Estado Español y Cataluña recuerda por demás al que en su momento se vivió en Bolivia entre el Gobierno del Movimiento Al Socialismo y los departamentos donde se refugiaron buena parte de los líderes nacionales derrotados y que arriaron la bandera de la autonomía con más o menos legitimidad. Con sus diferencias, el órdago fue a la grande, hubo movilización popular, se pusieron ánforas, hubo represión y juicios a los organizadores que aún siguen y, finalmente, se modificó el modelo de Estado para incluir el resultado de los referéndum ilegales en la nueva Constitución, dándoles legitimidad.Es evidente que se parecen, pues no en vano por la “Media Luna” pasearon no pocos asesores catalanes, y también hubo españoles en la mediación de la Constitución. Ahora bien, si en Bolivia la confrontación inició el proceso autonómico, en España es el resultado del agotamiento del modelo. Un modelo que, a su manera, hemos copiado.Existen similitudes; en España se autorizó una implementación del Estado Autonómico de dos velocidades, de tal forma que ciertas Comunidades (departamentos) consideradas históricas, y que coinciden con las de mayor poder económico o demográfico tenían una vía más rápida para reclamar el ejercicio de competencias, mientras que otras fueron relegadas a la vía lenta y fue el Estado quien decidió que y cuando se transfería. En Bolivia las regiones que votaron preconstitucionalmente su Estatuto, lo adecuaron y empezaron a ejercer mientras que las demás lo empezaron a redactar después y además, fue rechazado en 2015, por lo que formalmente el proceso no ha empezado.Existen también diferencias sobre todo en las competencias a las que se puede aspirar. Mientras en España el proceso fue más dinámico en Bolivia todo nace y muere en la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. En Bolivia, además, se ha construido una autonomía con pies de barro, soportada solo por los recursos volátiles de las regalías hidrocarburíferas y demasiado centrada en el ansia de licitar y no de gestionar servicios.En Bolivia apenas se cumplen 7 años de la nueva Constitución y Tarija se cuenta entre las Autonomías más antiguas, teniendo el Estatuto en vigor desde hace apenas dos años. Es pronto para agotar el modelo, si bien los candados y la fortaleza del Gobierno central ya ha limitado los alcances y provocado que se empiecen a nombrar otros modelos, como el federalismo.Es necesario que todas las partes implicadas en el proceso hagan un esfuerzo por entender las necesidades y aspiraciones del otro; y también mirar los ejemplos. Es evidente que los Gobiernos de Cataluña y de España han avivado la confrontación para esconder bajo la lucha de banderas todo el reguero de corrupción que les afecta, a unos y otros. Pero es evidente también que se ha llevado el debate político a un punto donde no debería haber llegado. La autonomía como forma de gestión es la correcta, pues nadie mejor que el que vive en su casa sabe las necesidades que esta tiene; pero la fragmentación territorial y de la unidad soberana solo beneficia a los poderes económicos y las grandes transnacionales, que hace tiempo han superado las barreras fronterizas para sí mismas, pero que no dudan en alimentar su levantamiento cada vez que pueden, pues saben cuánto más vulnerable es un pueblo de pocos y peor, encerrado.