Las empresas chinas y la soberanía jurídica de Bolivia

No contentas con eso, las empresas chinas son objeto de recurrentes e irresueltas denuncias de violación de la legislación laboral boliviana, a través de la sobreexplotación de trabajadores en “condiciones materiales que rayan en lo infrahumano”.Las denuncias incluyen, pero no se limitan a: mala alimentación en los campamentos, servicios higiénicos insalubres, ropa de trabajo inadecuada, deficiente seguridad industrial, jornadas de más diez horas diarias, campamentos improvisados, medios de trabajo precarios, maltrato, entre otras. Entre 2010 y agosto 2017, un recuento preliminar del Observatorio Boliviano de Empleo y   Seguridad Social, permite conocer que existen al menos 15 denuncias públicas contra empresas chinas por violación de derechos de los trabajadores y de reproducción de condiciones insalubres de trabajo. Pese a ello, las empresas chinas siguen operando en Bolivia y siguen beneficiándose con millonarios contratos, en desmedro de empresas y empresarios bolivianos, quienes han quedado reducidos a meros subcontratistas de las extranjeras, y en su propio país. Considerando que los contratos públicos con empresas chinas -como develó una investigación del CEDLA en el caso de Sinohydro (2016)- contemplan una cláusula referida a que estas entidades están obligadas a cumplir con la legislación laboral vigente, y considerando su recurrente incumplimiento, puede concluirse que las empresas chinas atentan contra la soberanía jurídica del país. Para peor, al ver que ni las autoridades nacionales hacen respetar enérgicamente aquello, algunas empresas bolivianas se están contagiando.En los primeros días de agosto se denunció la violación de derechos de los trabajadores de la Constructora Mirkoro SRL y DimaLog SCP Montajes, ambas subcontratadas por el consorcio chino CAMC Engineering Co. Ltda., y que están a cargo de las obras de construcción de la planta de sales de cloruro de potasio de litio en Llipi Llipi (Salar de Uyuni). Ambas empresas subcontratistas son administradas por empresarios bolivianos, que parecen haber adoptado las malas prácticas de las chinas, y la vista gorda de las autoridades nacionales. Todo ello en violación también del vigente Decreto Supremo 0107 de 1 de mayo de 2009, que  determina que las empresas contratantes deben incluir en el contrato “una cláusula que establezca que la empresa subcontratada dará cumplimiento de las obligaciones sociolaborales” de sus trabajadores que están amparados por la Ley General del Trabajo. Así, la contratante no sólo tiene la obligación de incluir la cláusula correspondiente, sino también la de exigir su cumplimiento.Según interpreta el CEDLA, y con razón: “si la CAMC incluyó u omitió la cláusula de respeto de la legislación laboral y eludió su obligación de velar por su cumplimiento, tiene suficiente responsabilidad legal en la afectación de los derechos laborales de los obreros y de sus condiciones de trabajo”.No sólo eso. Esta responsabilidad se extiende a la entidad estatal que firmó el contrato con esta empresa, considerando su obligación de hacer cumplir todos los términos del convenio, incluidos los de carácter laboral. Pero por ahora, todos calladitos y distraídos.