La corrupción pasa factura

Luis García Meza en Bolivia, Alberto Fujimori en Perú, Jorge Rafael Videla en Argentina y otros nefastos caudillos de la historia reciente, pero no todos.Por el momento, Perú es el país donde parecería mejor funcionan los poderes judiciales. Alberto Fujimori, que ocupó la Presidencia de 1990 a 2000, está preso por crímenes de lesa humanidad ya que su mandato derivó en una dictadura. Alejandro Toledo, presidente ya Constitucional de 2001 a 2006 es reclamado por la Justicia por diferentes contrataciones con la empresa constructora Odebrecht, el gigante de Latinoamérica. Su sucesor fue Alan García, que presidió hasta 2011 y que ya había ocupado la presidencia en el 85. Los delitos que se le imputaban por esa legislatura prescribieron. A García lo sucedió Humala, en prisión de forma preventiva por 18 meses acusado de alzamiento de lavado de activos en un caso vinculado al pago de aportes ilegales a la campaña por parte de, una vez más, Odebrecht y una vieja conocida en Tarija, la constructora OAS. El actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha ocupado altos cargos en Perú antes y después de Fujimori, también fue salpicado con el escándalo Odebrecht.En este siglo XXI en el que el populismo ha vuelto a abrir espacios esenciales en la política tanto Latinoamericana como norteamericana y europea, la batalla política ha tomado tintes épicos, que en ocasiones rozan la demagogia. Ahora bien, la judicialización de la política se alterna con la politización de la Justicia y, por una vez, nadie parece estar libre de que le caiga la primera piedra. En la “restauración conservadora”, como los derrotados empiezan a denominar la ola de nuevos Gobiernos neoliberales que por medio de las urnas, como en Argentina, o por medio de las chicanas legales contempladas en la Constitución, como en Brasil, han ido restaurando el poder “imperial” frente a los Gobiernos nacional – populares que se instalaron en la primera década del siglo, la revancha judicial forma parte de la estrategia de consolidación.Lula da Silva es la cabeza más deseada por las fuerzas que sostienen al actual Gobierno en Brasil y que operaron la caída de Dilma Rousseff. Lula es el candidato mejor valorado para los comicios de 2018, pero su participación empieza a ponerse en duda por una sentencia que lo condena a 9 años y medio de prisión en primera instancia precisamente motivada por otra operación patrocinada por la vieja conocida OAS, quien según el juez habría donado un tríplex al ex presidente a cambio de favores.No menos deseada es la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que en estas fechas prepara su asalto a la Senaturía por Buenos Aires como primer paso para optar a una reelección en 2019. A los Kirchner se les acusa de muchas cosas en política, pero son sus debilidades en el ámbito privado las que le han complicado la vida, como la famosa operación de compra de dólares a título familiar un día antes de que se dictara un decreto que precipitó otra devaluación o sus negocios de hostelería al sur del país.Las turbulencias judiciales no son exclusivas de una tendencia ideológica. En Paraguay los poderes fácticos ya han señalado a Horacio Cartes como enemigo y le esperan procesos cuando deje la presidencia. También en Colombia el presidente Santos es amenazado día sí y día también con consecuencias penales por sus actos. En Chile el entorno de la presidenta Michelle Bachelet ya le han hecho pasar apuros al verse descubiertos negocios turbios.Bolivia, Venezuela y Ecuador aguantan por motivos obvios, pero los escándalos de corrupción empiezan a tomar dimensiones considerables y la oposición que queda, la que ha logrado zafar de la responsabilidad de su pasado, amenaza con el ajuste de cuentas posterior.El gran error, dice el analista Marcelo Gullo, ha sido no diferenciarse éticamente de sus predecesores. Son las lecciones que se deben aprender para retornar en el futuro. La corrupción ya no da igual y la Justicia,  aun sí es mala, debe ser igual para todos.