Pacto Fiscal para un país más igual

El Gobierno no ha abierto la mano en las nueve reuniones que ya se han llevado adelante y sigue considerando la redistribución de ingresos un tema tabú.Sus principales argumentos para rechazar un nuevo sistema de reparto es la falta de eficiencia en el gasto de las Gobernaciones, una coletilla recurrente con la que siempre hay discrepancias, pues suelen ser recursos comprometidos, y su ausencia provocaron, a principios de año sin ir más lejos, la anulación de proyectos en el Presupuesto 2017 por no tener recursos suficientes reservados.El otro argumento recurrente es la posibilidad de crear impuestos propios de las Gobernaciones, una propuesta nunca atractiva y que ni el Gobierno socialista del MAS se ha atrevido a tocar. Por otro lado, son poco más que simbólicos. Desde la Gobernación si se propone recaudar algunos de los impuestos nacionales que permitirían ser más eficientes a la vez de contar con un flujo más estable.Lo concreto es que las instituciones convocadas y presentes en la mesa técnica llevan un año debatiendo sin haber tocado los asuntos esenciales, mientras el calendario corre y se acerca la campaña electoral, los aspectos fundamentales que permitirán o no llegar a un acuerdo siguen en el congelador. La sensación de haber perdido el tiempo toma fuerza.El debate exige un reconocimiento previo de errores e incapacidades. La Autonomía en Bolivia perdió el norte y se consagró una especie de reparto de competencias que guardaban en el Gobierno Central las competencias sociales mientras que las Gobernaciones se reservaban el derecho a licitar y licitar obras al gusto, cual reyes chiquitos.La autogestión es la característica esencial de la autonomía, la capacidad de gestionar el propio hogar, pues de seguro cada uno sabe hacerlo mejor que un vecino lejano, por mucho amor y voluntad que le pongan. En el territorio se conoce mejor donde hacen falta más maestros, más médicos, más asistentes sociales… Pero la distribución se hace a muchos kilómetros atendiendo a criterios, demasiadas veces, políticos. Esto conlleva que las Gobernaciones y Municipios a su vez tengan que desembolsar recursos para llenar los agujeros que se crean y se obvian.Por otro lado, las Gobernaciones adquirieron competencias para licitar y licitar, invertir en ladrillo, gastar en carreteras que son competencias nacionales, o en hospitales, o en cualquier proyecto que se les ocurra con el riesgo de que se convierta en un elefante blanco. En Tarija los ejemplos se dan por decenas: Estaciones Policiales magníficas en Entre Ríos y Bermejo; Plantas de cítricos y alimentos balanceados también en esos municipios, carreteras a medio construir, Villas Olímpicas, coliseos, rodeos, centros indígenas que se caen a pedazos o comedores escolares en Padcaya que nadie utiliza…La irresponsabilidad con la que se gestionó desde 2006. La incapacidad de ver venir una crisis de la magnitud actual cuando ya el precio de los hidrocarburos había caído a la mitad. El simple despotismo y servilismo que hizo pagar asuntos sin tener la competencia para ello nos está llevando en este 2017 a pedir créditos y fideicomisos para pagar algunas de las obras del dispendio, como los magníficos Estadios de Uriondo y Entre Ríos que raramente se llenarán más de media docena de veces al año.Para evitar estos dispendios es necesario que el Ministerio de Economía ejerza una función regulatoria, marcando márgenes y prioridades, pero también es preciso que las Gobernaciones sean capaces de cubrir sus necesidades y contribuir al horizonte compartido con sus obvias singularidades. Es preciso contar con fuentes de financiación estable, como es la coparticipación tributaria, y volver a tomar con pinzas los ingresos que llegan de la venta del gas, que como se sabía, no son infinitos, ni se puede hacer prácticamente para garantizar sus precios. Las Gobernaciones deben dejarse fiscalizar en este manejo para evitar los problemas actuales. Pero la fiscalización debe ser honesta y no política.Por su parte, el Gobierno debe ser sensible a las demandas de autogestión, y debe aprender a distribuir responsabilidades para impulsar un crecimiento conjunto. Debe ser capaz de  compartir los éxitos, porque de lo contrario, si el Gobierno quiere controlarlo todo, el Estado no podrá crecer.