El trabajo en tiempos de crisis

comprende el intercambio de habilidades físicas o intelectuales puestas al servicio de la producción de bienes y servicios a cambio de una remuneración, la cual comprende salarios y beneficios no salariales, así como unas condiciones de trabajo seguras y un ambiente en el cual el proceso del trabajo preserve la dignidad del trabajador. 

Al respecto, en la mayoría de los países se han promulgado normativas legales que pretenden proteger la institución social del trabajo, a sabiendas de la existencia de intereses contrapuestos entre trabajadores y patronos, y con clara conciencia de la necesidad de relaciones de trabajo más o menos armoniosas para el logro de objetivos de prosperidad económica social e individual.

Pero el derecho al Trabajo y la crisis económica han sido compañeros de ruta, el Derecho del Trabajo ha sido materia de frecuentes debates en la búsqueda de respuestas a las crisis económicas que periódicamente se suceden en la economía mundial, sin reparar que no son los derechos laborales los que las generan.

La actual crisis económica mundial que ha afectado a nuestro país ha agudizado la tasa de desempleo. En 2016 el presidente Evo Morales reveló que la tasa de desempleo creció de 3,5% a  4,4% y convocó a sus ministros para que busquen  una solución a esta situación que genera “enorme preocupación”.

Pero esto no fue todo, pues en el último año según datos del Observatorio Boliviano del Empleo y Seguridad Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) el porcentaje de quienes no tienen empleo de calidad es alto, debido a que está principalmente representado por el sector informal. 

Así, el sector informal sigue concentrando el mayor caudal de empleo  del país con un índice promedio del 65%, lo cual hace notar que el empleo formal sustancialmente no ha mejorado en ritmo del crecimiento económico. 

Los datos revelan que siete de cada 10 ocupados, tienen pequeños negocios al margen del sistema formal de la economía y “si existen empleados en este sector, tienen pocos beneficios que puede alcanzar hasta el aguinaldo, pero no tienen seguro de salud o no aportan a las Administradoras de Fondo de Pensiones para su jubilación”.

Empero y sumado a esto, un reciente golpe a la economía, es la aprobación de un 10,8% de incremento al salario mínimo nacional (SMN) y un 7% al haber básico, ése es el acuerdo al que llegaron el presidente Juan Evo Morales y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). 

Los porcentajes, que superan la propuesta inicial del Ejecutivo (6% y 5%), son rechazados por los empresarios privados del país, que advierten con el crecimiento del desempleo; sin embargo, hay un acuerdo con la COB que salva la “responsabilidad” al Gobierno si se presentan “efectos negativos” para la estabilidad laboral.

Queda claro que a horas del Día del Trabajo, Bolivia confronta grandes desafíos para evitar el desempleo y generar nuevas fuentes laborales de calidad en lo relativo a la generación de “ingresos adecuados” para el sustento familiar; así como la aplicación de derechos laborales, estabilidad y seguridad. 

El tema laboral, sin embargo, no ha sido seriamente encarado por los varios gobiernos de turno y la dinámica privada – población y empresas – tampoco ha podido generar resultados satisfactorios en el mercado de trabajo. 

De esta manera, la poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es sin lugar a duda, la principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema de extrema pobreza que afecta a la mayor parte de la población boliviana. 

En conclusión las reformas estructurales ejecutadas en los años 90 estuvieron enfocadas en sectores intensivos en capital, como es el caso de los hidrocarburos, telecomunicaciones, energía eléctrica y sector financiero, por lo que no tuvieron un gran impacto en la generación de empleos.