Superar el 8%

Tarde o temprano el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija deberá promulgarla. Desde entonces la voz la tendrán los representantes del ordenamiento jurídico boliviano, es decir, el Tribunal Constitucional, a quien la Gobernación apelará para tratar de frenar la disposición.Más allá de declaraciones grandilocuentes, la Ley del ocho por ciento se ha convertido en la Ley más manoseada y agitada de la presente legislatura. Al menos hasta el momento. Con mucha dosis de marketing y de demagogia y menos de debate real, la ley de apenas siete artículos y una disposición adicional ha sacado a relucir ambiciones políticas y estrategias sobre un periodo legislativo que apenas llega a su ecuador.El alcalde de El Valle de la Concepción, Álvaro Ruíz, convertido al masismo en el anterior periodo, dobló su apuesta tras su reelección convirtiéndose en presidente de la Asociación de Municipios de Tarija. Desde esa plataforma ha promovido la Ley y la campaña de acompañamiento, que inicialmente nació como “Ley del 1%”. El texto regula la transferencia de recursos desde la Autonomía Departamental a la Autonomía Municipal, una figura contemplada incluso en el Estatuto Autonómico. Concretamente plantea el 1 por ciento de las regalías hidrocarburíferas para cada uno de los municipios del departamento, excluyendo los chaqueños. En el espíritu de la Ley siempre estuvo dedicar esos recursos como contrapartes para programas del Gobierno Nacional.El diálogo al respecto entre alcaldes y Gobernación fue inexistente, y a medida que se mantuvo el cierre, la Ley fue sumando nuevos artículos más lesivos a la estabilidad presupuestaria general que los negociadores de la Gobernación no lograron evitar. Es el caso del artículo 7, que contempla el débito automático de los recursos comprometidos en convenios interinstitucionales de pasadas gestiones y que suman aproximadamente 350 millones de bolivianos según cálculos de la Gobernación.Quienes están en contra y quienes están a favor midieron fuerzas en la calle el lunes y el miércoles respectivamente. Ayer incluso hubo que lamentar conatos de enfrentamiento que nunca deberían existir. La Gobernación se ha atrincherado y señala la Ley del ocho por ciento como culpable de todos los males habidos y por haber. Los Municipios, a su vez, argumentan que la Ley de ocho por ciento es la panacea y les garantizará un desarrollo óptimo y necesario para superar la crisis. Si el débito de los 350 millones de bolivianos se produce de una tacada, algo imposible viendo las liquidaciones actuales, la Gobernación deberá prescindir de todo lo relacionado a inversión y mantener solo los programas. Al margen de ello, ni el apocalipsis ni la panacea llegarán. Más al contrario, con la caída de los precios y la reducción de volúmenes de exportación de los hidrocarburos, los porcentajes de asignación automática pueden resultar raquíticos en muy pocos años y los alcaldes deberán entonces dar explicaciones. Por otro lado, la finalidad de concurrencia puede permitir una inversión estable y menos burocrática. Lo cierto es que es tiempo de concentrarse en el futuro inmediato, con las reglas de juego en las que nos desarrollamos.