Personas encarceladas, ¿un negocio redondo?

porque de esa situación viven muchas personas, entre ellas efectivos policiales, autoridades y otras vinculadas de una u otra manera con la administración los recintos penitenciarios.Llanos aseguró que el gobierno “debería poner cámaras en los recintos carcelarios” y criticó a las autoridades por presumiblemente no buscar soluciones  a los problemas que diariamente afectan la administración de las cárceles.“Como es posible que en la actualidad las unidades educativas cuenten con cámaras de seguridad, mientras que los recintos carcelarios, lugar donde existen muchos antisociales, no las tienen”, señaló en declaraciones a un canal de televisión.“No es que las autoridades de gobierno no se den cuenta de este hecho, sino que sencillamente lo dejan pasar por alto, porque han visto que tener gente en las cárceles es un negocio redondo”,  agregó.La ex autoridad de Régimen Penitenciario, cesado en noviembre de 2013, describió que las cárceles bolivianas “son universidades para formar a nuevos delincuentes”, porque las autoridades “no tienen la capacidad de clasificar a las personas que ingresan a los centros carcelarios de acuerdo a los delitos que han cometido”.Es que en Bolivia, las personas acusadas por la comisión de algún delito son internadas sin una clasificación previa de los delitos por los que han sido detenidas. Es decir, el garante en un caso de presunta estafa, el narcotraficante, el asaltante o el asesino; el detenido preventivo y el sentenciado son considerados como iguales a efectos de la reclusión.Es por eso que en el interior de los centros de penitenciarios de Bolivia todos se juntan e intercambian experiencias, lo que favorece la formación criminal antes que la rehabilitación y reinserción social de los presos, una vez que cumplan sus condenas.“Cuando no están clasificados, la cárcel se vuelve escuela del delito porque están entremezclados y los más maleantes están con los menos peligrosos”, sostuvo por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, citado por Los Tiempos.En ese contexto, Llanos señaló que “los jueces, los abogados, los policías, los fiscales, viven de las personas que se encuentran en la cárceles y por eso es que no dicen nada para mejorar esta situación en los centros de reclusión”.Además, denunció que “permiten que reclusos con sentencias graves salgan a las calles, tras haber pagado sumas elevadas a los administradores de justicia y las propias autoridades de las centros penitenciarios”.Y en el marco de los datos desvelados por la ex autoridad de Régimen Penitenciario, la información oficial disponible corrobora que actualmente existen 16.252 internos en los penales del país, de los que 11.129 (68%) son detenidos preventivos y sólo el 32% tienen sentencia condenatoria.El penal con más problemas es el de Palmasola de Santa Cruz, que tiene un 500% de hacinamiento ya que acoge al 40% del total de reos que existen en el país. En promedio, todas las cárceles bolivianas sufren del 247% de hacinamiento de la población penal. “Tenemos un crecimiento poblacional desmedido producto de varios factores, pero sobre todo del uso discrecional que están haciendo los fiscales y jueces con la detención preventiva”, reconoció el ministro Romero.No obstante, ¿cuán verídicas son las denuncias del ex Director de Régimen Penitenciario y será posible un cambio cualitativo en la administración de las cárceles?El ministro Romero desveló a Los Tiempos que la situación se torna más complicada, ya que existen grupos de poder en las cárceles que actúan como “recaudadores” y aprovechan la cantidad de reos para plantear una negociación con la Policía.Los policías tienen su perímetros de control y los internos tienen sus áreas de administración porque “obviamente la correlación de fuerzas para la Policía es muy adversa, son muy pocos los policías. Es más o menos un policía por cada 400 internos y por eso, los policías se hacen los locos, dejan pasar drogas porque son pocos”.En ese contexto, urge implementar una reforma penal porque las personas detenidas no deberían ser “un negocio redondo”, ni los policías “hacerse los locos” para dejar pasar drogas al interior de las cárceles porque “son pocos”.