Reencauzar relaciones

Morales desveló que a iniciativa de su colega argentino, el pasado miércoles acordaron que una reunión al más alto nivel era el escenario apropiado para encarar y superar la controversia surgida por el endurecimiento de la política migratoria argentina.“Vamos a hacer una agenda bilateral. Primero las cancillerías con los distintos ministerios y esperamos que en abril pueda cumplirse esta (agenda) bilateral con Argentina”, dijo Morales.El martes 7 de febrero, una comisión boliviana liderada por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y otra argentina dirigida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acordó la instalación de una Mesa Técnica en la que se analice la nueva política migratoria del país austral.Este acercamiento fue el inicio de un proceso de descompresión de las relaciones bilaterales perturbadas por los ajustes a su política migratoria que dispuso Argentina a fin de acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales y con antecedentes penales, lo que generó gran preocupación entre la comunidad boliviana, paraguaya y peruana residente en ese país.Bolivia hizo del tema cuestión de Estado ante el inminente riesgo de que la reforma migratoria argentina criminalice a los residentes bolivianos en ese país, y Argentina consciente de la imagen xenófoba que se le atribuyó al gobierno del presidente Macri.En ese contexto, la visita de las autoridades bolivianas no sólo permitió el acercamiento de posiciones respecto de la migración hacia uno y otro territorio, sino que sentó las bases para la cumbre de abril entre los presidentes de Bolivia y Argentina.Entonces, la próxima reunión Morales – Macri es la culminación de los esfuerzos diplomáticos que desplegaron ambos países para superar el impase que se originó con la reforma de la Ley Nº 25.871, de Política Migratoria Argentina, sancionada en enero de 2004, que fue un gran paso en la vigencia de los derechos de los inmigrantes, ya que establece que la migración es un derecho humano.Este principio no se encuentra en las leyes migratorias de ningún otro gran país receptor de migraciones ni está explícitamente mencionado en ninguna convención internacional sobre derechos humanos.La Ley Nº 25.871 extendía la protección de derechos constitucionales y humanos a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal, y garantizaba a los inmigrantes el derecho de igualdad de trato, no discriminación y acceso a servicios médicos, educativos y sociales.Estos principios hicieron que la Ley de Migraciones de Argentina sea un modelo a seguir por las demás legislaciones nacionales sobre la materia.Por eso alarma que el Decreto 70/2017 haya modificado esa norma y haya impuesto controles más estrictos para evitar que “delincuentes extranjeros” operen en Argentina y que permanezcan en su territorio pese a tener antecedentes penales.Y para justificar la reforma, el decreto compara que si los extranjeros en Argentina son apenas el 4,5% de la población, representan el 21,3% de la población carcelaria y el 33% de las personas detenidas por narcotráfico. Con estos datos parciales (impugnados por organismos defensores de los derechos humanos), la ministra Bullrich estigmatizó como potenciales violadores de la ley a bolivianos, paraguayos y peruanos.Además, la norma prohíbe el ingreso a quienes presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales. Las mismas causas podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado anteriormente.Por eso es altamente plausible que las aguas comiencen a volver a su cauce y las autoridades argentinas garanticen el principio universal de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y debido proceso a los bolivianos y otros extranjeros que eventualmente cometan contravenciones o delitos en territorio argentino.En ese sentido, la reunión Morales – Macri será un punto de inflexión para reencauzar relaciones bilaterales beneficiosas, tanto para bolivianos como para argentinos. ¿No les parece?