Meritocracia y justicia

aunque tan trascendente como el veredicto que saldrá de las urnas será el trabajo previo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que preseleccionará y habilitará a los postulantes que se someterán al voto popular.El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anticipó el pasado fin de semana que en la preselección legislativa se antepondrá la meritocracia a la afinidad política que pudieran tener los candidatos a ser electos como autoridades judiciales.“Nosotros tenemos el compromiso de quienes lleguen a la papeleta para ser sometidos a la votación del pueblo, sean personas que reúnan condiciones de profesionalismo, transparencia e idoneidad”, aseguró Gonzales.“Entonces, el criterio de la meritocracia va ser fundamental y de eso se trata a tiempo de elaborar el reglamento con el que vamos a seleccionar a estas personas”, agregó.Es decir, en la balanza de la preselección pesará más la formación profesional, las capacidades y los valores éticos que puedan acreditar los eventuales postulantes al Órgano Judicial, antes que su militancia o simpatía política, ya sea con el oficialismo o con la oposición.El mérito es aquello que hace que una persona deba ser reconocido la formación profesional específica, complementaria y trasversal; el esfuerzo, el trabajo y el compromiso con la actividad a la se dedica o las acciones que ameriten que sea tratada de una u otra manera. En el mundo de las instituciones públicas, el concepto de mérito es muy importante ya que sirve para destacar el trabajo, el esfuerzo, las aptitudes que una persona puede haber desarrollado a lo largo del tiempo para avanzar en su carrera.La Constitución Política del Estado manda que las autoridades del  Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán elegidas mediante sufragio universal y que la Asamblea Legislativa, por dos tercios de sus miembros presentes, preseleccione a las y los postulantes y remita la nómina de los precalificados al Órgano Electoral para que proceda a la organización del proceso electoral.El 16 de octubre de 2011, más de 5.2 millones de electores acudieron a las urnas para elegir por primera vez –en 186 años de vida independiente– a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.Aunque el voto popular buscaba una profunda transformación de la administración de justicia, así como la eliminación del pernicioso cuoteo político en la designación de sus autoridades y la implementación de una justicia transparente; luego de cinco años los resultados no sólo ha sido decepcionantes, sino que ahondaron sus crónicos males.La realidad nos señala que pese al principio del pluralismo jurídico, uno de los cimientos del nuevo modelo de Estado que abre espacios plurales y diversos sobre lo que es posible construir nuevas y mejores capacidades de administración de justicia, los crónicos males bloquean cualquier intento por cualificar la administración de justicia.Ahora bien, es cierto que existen autoridades judiciales que sí cumplen las tareas para que las que fueran electas, pero son la excepción que confirma la regla.Por ello, la transformación de la justicia requiere de medidas que allanen el acceso a la justicia plural, eviten la retardación, combatan la corrupción y fomenten la formación, el ingreso y la capacitación de los servidores judiciales y abogados.Y si el grado de democracia de un país se mide por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad, la tutela judicial efectiva de los derechos presupone que las organizaciones judiciales puedan ser capaces de cumplir a cabalidad las actividades que sean necesarias para evitar dilaciones injustificadas en la prestación de los servicios de justicia.De ello depende la seguridad jurídica, una de  las responsabilidades fundamentales de la democracia, y esto sólo se alcanzará con la reforma total del sistema de justicia, por lo que priorizar la meritocracia sobre la afinidad política y el cuoteo en la preselección de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional es, sin duda, el camino correcto. ¿No les parece?