Acusación y corrupción
“La comisión de fiscales ha presentado la acusación en contra de Carlos Alberto Chávez Landívar y Miguel Alberto Lozada Añez, por la comisión de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo, estafa agravada y malversación”,...
“La comisión de fiscales ha presentado la acusación en contra de Carlos Alberto Chávez Landívar y Miguel Alberto Lozada Añez, por la comisión de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo, estafa agravada y malversación”, señaló el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.En tanto que Jorge Jesús Justiniano Méndez, Pablo Salomón Jiménez y Armando Arturo Canedo Espinoza fueron acusados por los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo y malversación.Y una vez que se cumplan todos los trámites procesales lo que corresponde es que se dicte el auto de apertura de juicio y se señale día y hora para la audiencia de juicio oral, público y contradictorio en contra de los sospechosos de corrupción.En ese sentido, Guerrero desveló que el Ministerio Público solicitó que la justicia aplique la máxima pena en contra de los ex dirigentes deportivos, en base a todos los elementos de prueba y los agravantes que habría presentado la comisión de fiscales.A fines de julio de 2015, el entonces presidente de la FBF fue detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, tras una audiencia de medidas cautelares donde fue acusado de seis presuntos delitos, entre ellos estafa agravada con víctimas múltiples.El proceso judicial en contra de los citados ex dirigentes del fútbol boliviano se instauró luego que el 27 de mayo del año pasado, siete dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) fueron aprehendidos en un lujoso hotel en Zúrich (Suiza).Ese día, los sospechosos de corrupción se aprestaban a asistir al 65avo. Congreso de la FIFA que, pese al escándalo, ratificó a Joseph Blatter como presidente, quien, acosado por las denuncias de corrupción, renunciaría a su cargo.La detención de los siete dirigentes del futbol mundial fue producto de cuatro años de investigaciones por parte de la Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos sobre presuntos hechos de corrupción en los que desde 1991 habrían incurrido los altos cargos del fútbol mundial.En diciembre pasado, esas investigaciones involucraron a 16 dirigentes y ex dirigentes latinoamericanos del fútbol, entre ellos a los bolivianos Carlos Chávez y al ex tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Romer Osuna.Según el acta de acusación ante la justicia federal de Brooklyn (Nueva York), que incluye un total de 92 cargos, figuran los argentinos José Luis Meiszner y Eduardo Deluca, ex secretarios generales de Conmebol; al igual que ahora ex presidentes de las federaciones de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.Entonces, la fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció que ocho de los acusados se declararon culpables, entre ellos el ex vicepresidente de la Concacaf, Jeffrey Webb, y los ex presidentes de las federaciones chilena y colombiana de fútbol, Sergio Jadue y Luis Bedoya, respectivamente.Y este 19 de julio la FIFA dijo basta a la incompetencia y la corrupción e intervino la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante un comité de regularización, que tiene como objetivo normalizar el organismo, nombrar un nuevo entrenador para el seleccionado nacional y convocar a elecciones. Ahora bien, es cierto que mientras no exista una sentencia toda persona tiene el derecho a ser presumida inocente y a ser tratada como tal, ya que en materia de derechos fundamentales no existen medias tintas ni equidistancia posible: o se respetan o se vulneran.En ese contexto, la justicia boliviana se encuentra ante el reto de sentar un precedente en la lucha contra la corrupción: castigar a los culpables y absolver a los inocentes. Es decir, una persona es culpable sólo después de que en un juicio justo, mediante un debido proceso, se declare su culpabilidad; caso contrario se declare su inocencia.


