Cumbre judicial

La responsabilidad de la cumbre judicial no sólo es con jueces, fiscales y abogados, sino que ese compromiso es con más de 10 millones de bolivianas y bolivianos que cada día contemplan azorados el manejo desprolijo, cuando no corrupto, de la justicia en el país.Es cierto que en ese panorama nada alentador existen autoridades judiciales y abogados que ejercen sus específicas funciones de manera proba, pero son la excepción que confirma la regla.Entre el 12 de abril y el 20 de mayo se han realizado pre cumbres en los nueve departamentos del país y sus conclusiones desvelan, entre otros, la modificación de las autoridades judiciales, eliminación del Consejo de la Magistratura, creación de un órgano independiente que sancione a abogados y malos funcionarios judiciales, además de la renuncia de autoridades con denuncias de corrupción.Seis son los ejes acordados para debatir la transformación de la justicia: la modalidad de elección de autoridades judiciales, el acceso a la justicia plural, la retardación de justicia, la corrupción en el sistema de justicia, la política criminal y justicia penal, y la formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y abogados.No obstante, a esos seis ejes se sumó en los últimos días la propuesta del Órgano Judicial que, mediante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, demandó autonomía presupuestaria, independencia y pluralismo jurídico.Y razones no le faltan al magistrado, porque de la independencia judicial depende la credibilidad del sistema de justicia y, por ende, la legitimidad de las decisiones de los jueces, y sin presupuesto es impensable una gestión autónoma por parte del Órgano Judicial y menos aún un sistema de justicia independiente.Además, en los últimos años el presupuesto del Órgano Judicial se fue reduciendo progresivamente de un poco más del 2% en 2006 a apenas 0.40% para el 2016.Ahora bien, si la cumbre judicial modifica la modalidad de elección de las autoridades judiciales y atiende la propuesta de la Procuraduría General del Estado de incrementar el número de magistrados en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), será necesario reformar la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del Órgano Judicial que prescriben esa elección mediante el voto popular.En ese contexto, el presidente del TCP, Oswaldo Valencia, anunció que podría marginarse de la cumbre judicial ante la posibilidad de que en ese evento se decida impulsar una reforma constitucional o legislativa para mejorar el sistema de justicia y tenga que ser esa entidad la que haga el control constitucional de las reformas.No obstante, este proceso es complejo y contiene múltiples desafíos que no se agotan en lo normativo, por el contrario, deben trascender y materializarse en mejoras sostenibles que garanticen una tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía.En ese sentido, la jurista Susana Saavedra Badani plantea la descolonización de la justicia, la cobertura de las necesidades de acceso a la justicia, los servicios judiciales con inclusión, los mecanismos de comunicación con el ciudadano y el afianzamiento de la relación con los medios de difusión.Sea como fuere, si el grado de democracia de un país se mide en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad; la tutela judicial efectiva de los derechos, presupone que las organizaciones judiciales puedan ser capaces de cumplir satisfactoriamente las actividades que sean necesarias para evitar dilaciones injustificadas en la prestación de los servicios de justicia.Es que de ello depende –en gran medida– el poder garantizar la seguridad jurídica como una de  las responsabilidades fundamentales de todo Estado Democrático de Derecho, y esto sólo se alcanzará en Bolivia con la reforma total del sistema de justicia. ¿No les parece?