Suspensión de Dilma Rousseff y Petrobras

En fragmentos de conversaciones telefónicas publicadas por el diario Folha de Sao Paulo –citadas por la agencia AFP–, el ministro de Planificación, Romero Jucá, dijo al ahora ex presidente de la compañía procesadora de petróleo y gas Transpetro, Sergio Machado, que era necesario “un pacto” para detener las indagaciones, que también incluyera al poder judicial.

“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmó Jucá en esa conversación que fue grabada en secreto. La charla tuvo lugar semanas antes de la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados que aprobó el impeachment y derivó el proceso al Senado, afirmó el diario.

Según Folha de Sao Paulo, Machado buscó a los líderes del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) preocupado con los avances de la investigación anticorrupción. “Tenemos que encontrar una salida”, dijo Machado, investigado por supuestamente haber pagado sobornos en el marco de la trama corrupta.

El 17 de abril y con el apoyo de 342 de 513 legisladores, la Cámara de Diputados autorizó el juicio político en contra de Rousseff acusada de “crímenes de responsabilidad” por el presunto maquillaje de cuentas públicas y la apertura de créditos extrapresupuestarios sin la aprobación del Congreso.

El 12 de mayo, la Cámara de Senadores controlada por la oposición –al igual que la Cámara Baja, una vez que el PMDB rompió con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff–, con el voto de 55 de sus 87 miembros suspendió de su cargo a la mandataria, mientras dure el juicio político instaurado en su contra.

Y ese mismo día Temer (PMDB), hasta entonces y durante cinco años vicepresidente de Rousseff, asumió como presidente interino por 180 días, período en el cual la Cámara Alta debatirá si destituye definitivamente a Rousseff o vuelve a su cargo.

Temer acabó siendo un enemigo central y uno de los principales articuladores de la salida de Rousseff, quien, al igual que millones de brasileños, denunció que el proceso en un contra es un golpe de Estado.

Ahora bien, las acusaciones sin sustento que pesan en contra de la presidenta brasileña provienen de la derecha política y de sectores empresariales como el paulista, cuyos líderes apoyaron y financiaron las protestas masivas que minaron la imagen de Rousseff antes de que fuera suspendida.

Críticos del impeachment plantearon insistentemente que el cambio de gobierno era una estrategia para echar tierra sobre la investigación anticorrupción en Petrobras, que tiene en la mira a políticos que hoy articulan la destitución definitiva de Rousseff y no sólo del Partido de los Trabajadores de Rousseff.

Al menos tres ministros del nuevo gabinete son investigados por la Operación Lava Jato, que ha significado una catarata de acusaciones de corrupción contra las élites políticas y empresariales brasileñas. 

Y como si fuera poco, Eduardo Cunha, involucrado en el escándalo de corrupción en Petrobras y uno de los principales acusadores de Rousseff, fue suspendido de la presidencia de la Cámara de Diputados por un juez que lo acusa de usar su cargo “para evitar que las investigaciones en su contra lleguen a buen término”.

Ahora bien, es cierto que la Fiscalía pidió investigar a Rousseff por obstrucción a la justicia, pero a diferencia de muchos de sus detractores, sobre ella no recae ninguna acusación de corrupción o de enriquecimiento personal con el fraude.

En ese sentido y conforme corren los plazos del juicio político en contra de Rousseff, el gobierno interino de Temer expone que entre sus filas cobija a políticos acusados de corrupción, vinculados a los intereses corporativos y empresariales que propiciaron la suspensión y que ahora alientan la destitución definitiva de una presidenta electa por el voto mayoritario del pueblo brasileño.