Organización criminal

“La señora Zapata y la señora Choque montaron una verdadera organización criminal (…) y convirtieron la Unidad de Gestión Social en una oficina de negocios privados”, dijo y señaló como a posibles cómplices a Ricardo Alegría Sequeiros, Sigfredo Antelo Suárez y Carlos Marvin Ramírez, entre otras personas aún no identificadas. El pasado fin de semana fue aprehendido Alegría en Oruro, Ramírez en Cochabamba y Dennis Grundy Ríos, mientras que hasta el domingo Antelo permanecía prófugo.Durante una conferencia de prensa, Quintana presentó detalles que confirmarían su denuncia. Entre estos señaló cómo y cuándo los ahora acusados se reunieron con empresarios, expuso las hojas de vida de los sospechosos y los movimientos internacionales que supuestamente realizaron.El titular de la Presidencia indicó que Alegría, Sequeiros y Ramírez eran los nexos con instituciones públicas, empresarios nacionales y extranjeros y administraban los recursos provenientes de los negocios que realizaban. “Montaron una verdadera organización criminal con la cual obtuvieron réditos económicos”, insistió.Según el Código Penal una organización criminal es una asociación de tres o más personas organizadas de manera permanente, bajo reglas de disciplina o control, destinada a cometer delitos de legitimación de ganancias ilícitas o que se aproveche de estructuras comerciales o de negocios para cometer tales delitos.Mientras que el delito de ganancias ilícitas se comete cuando un sujeto activo adquiere, convierte o transfiere bienes y recursos que proceden de delitos vinculados a organizaciones criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino o movimiento. La presunta organización criminal, que en criterio de Quintana lideraban Choque y Zapata, no sólo operaba en Bolivia, sino que sus actividades habrían trascendido a países como Paraguay y Panamá, y emplazó a los empresarios que posiblemente mantuvieron permanentes contactos con las acusadas a “explicar, informar y declarar voluntariamente (ante el Ministerio Público) las razones por las cuales visitaban recurrentemente la Unidad de Gestión Social”, donde supuestamente concretaron los negocios.En ese sentido, este lunes el ministro de la Presidencia entregó al Ministerio Público información que sustentaría la existencia de la organización criminal. Según Quintana,  entre 2006 y 2010 Zapata tenía un ingreso mensual promedio de 5.000 bolivianos, pero a partir de 2014 compró con efectivo vehículos y terrenos por montos superiores a 100.000 dólares.“Estas pruebas tienen que ser valoradas por la Fiscalía, nosotros creemos que son pruebas irrefutables, objetivas. No necesariamente las evidencias o la irrefutabilidad de las evidencias va a coincidir con el Ministerio Público, para eso es el proceso de investigación”, dijo Quintana en declaraciones difundidas por una radioemisora paceña. Ahora bien, ¿cómo fue posible que una organización criminal haya operado desde una dependencia del Estado? ¿Por qué las autoridades del Ministerio de la Presidencia no se percataron de que un ilícito de tal dimensión ocurría bajo sus propias narices? ¿Cómo Zapata y Choque asumieron el poder que les permitió hacer negocios desde una oficina pública? ¿Qué habría pasado si Valverde no hubiera denunciado los presuntos ilícitos de Zapata, lo habría hecho Quintana?Sea como fuere, esas y otras preguntas reclaman respuestas que desvelen todo el entramado oculto detrás de un caso que ha involucrado incluso al presidente Morales y a un supuesto hijo que habría procreado con Zapata, el que al parecer nunca nació, pero este es tema de otro comentario. En ese contexto, es de esperar que la información presentada por Quintana a la Fiscalía contribuyan a esclarecer un supuesto hecho de corrupción que ha puesto en cuestión a muchas reputaciones, mientras el país escucha atónico cada uno de los capítulos de un culebrón judicial y político que provocó un sismo en esferas gubernamentales y cuyas réplicas amenazan con alcanzar a la oposición.