Patrimonio de YPFB

“No teníamos nada, era sólo la VPACF (Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización), no había más. Decir 100 millones de dólares es mucho, era menos de 100 millones de dólares”, dijo Sánchez, citado por la estatal ABI.Según Sánchez, el patrimonio de YPFB residual, antes de la nacionalización, se resumía en algunos bienes inmuebles y “un par de vehículos”, ya que su función se limitaba a monitorear las operaciones que ejecutaban las 21 compañías petroleras trasnacionales que controlaban los hidrocarburos bolivianos entre 1993 y abril de 2006.La dificultad de los pagos de la deuda externa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) fue el argumento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, amparados en el Consenso de Washington, para imponer programas de ajuste estructural para reducir el déficit fiscal y traspasar los excedentes de las empresas públicas al TGN.Sánchez de Lozada respaldó la privatización de YPFB bajo normas, leyes, decretos, reglamentos y anexos poco conocidos que legalizaron la entrega, virtualmente gratuita, a las transnacionales petroleras de la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.Según una investigación independiente de la UNAM (México), lo único que las transnacionales aportaron de más fue el capital que luego utilizaron para su propio funcionamiento. En la práctica, representó la entrega de YPFB a cambio de la sola promesa de inversión.La capitalización dividió a YPFB en cuatro empresas: tres de capital mixto y sociedades anónimas con gestión privada. Chaco quedó en manos de Amoco; Andina en poder de YPF, Pluspetrol y Perez Companc; y Transredes administrada por Enron, Shell, British y Petrobras, compañías que se apropiaron de gasoductos, oleoductos y toda la infraestructura petrolera a cambio de promesas de inversión.En lo que concierne a YPFB–residual, la Ley 1689 le prohibió explícitamente realizar directamente actividades de exploración y producción de petróleo, a menos que lo hiciera a través del otorgamiento de contratos de riesgo compartido con empresas privadas nacionales o extranjeras. Es decir, quedó como una simple oficina administrativa que operaba con recursos que le asignaban las compañías petroleras, encargada de promocionar inversiones, suscribir contratos y concentrar la producción de gas de los distintos campos para cumplir con los contratos suscritos con Brasil y Argentina.El 1 de mayo de 2006 el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos mediante el D.S. 28701, por el que el Estado recuperó la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburíferos. En ese contexto, el ministro Sánchez desveló que con la nacionalización de los hidrocarburos el país se benefició con ingresos aproximados de 31.500 millones de dólares de renta petrolera en la última década, frente a los 4.500 millones de dólares que se había transferido a las arcas del país entre 1985 y 2005. La diferencia es elocuente.No obstante y más de allá de los cuestionamientos políticos que pudiera tener la nacionalización, lo cierto es que ahora es parte de la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, se ha convertido en una política de Estado.La nacionalización ha permitido que YPFB, de ser una empresa residual, se consolide como una empresa corporativa con presencia en toda la cadena productiva, dando seguridad energética al mercado interno y cumpliendo los compromisos con los mercados externos. Además, ha dado los primeros pasos en el proceso de industrialización con la puesta en marcha de las dos plantas separadoras de líquidos.Ahora bien, la nacionalización incrementó el patrimonio de YPFB, pero no las reservas de hidrocarburos en la misma proporción, y la inversión privada de riesgo, especialmente en exploración, es mínima y casi insignificante.No obstante y más allá de los afectos y desafectos políticos, la nacionalización –que hace dos días celebró 10 años– es una medida que ha beneficiado al país. Nobleza obliga.