Sólo uno de cada 10

El tema volvió a ser noticia a raíz de la inhabilitación de postulantes al Defensor del Pueblo, precisamente por no presentar un certificado oficial que les acredite que hablan un idioma originario, tal como exige la normativa del Estado Plurinacional de Bolivia.Según el artículo 235 de la Constitución Política del Estado, para acceder al desempeño de funciones públicas es necesario “hablar al menos dos idiomas oficiales del país” y cumplir otros seis requisitos.En tanto que la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, promulgada por el presidente Evo Morales el 2 de agosto de 2012, prescribe que a partir de esa fecha y en tres años todos los servidores públicos estaban obligados a aprender un idioma originario, y ese plazo perentorio se cumplió el 2 de agosto de 2015.Esa normativa reconoce, protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los derechos lingüísticos, individuales y colectivos, y recupera los idiomas oficiales en riesgo de extinción y se asienta en los principios de descolonización, equidad, igualdad, interculturalidad, personalidad y territorialidad.Además, la Ley 269 declara como idiomas oficiales al español y a 36 lenguas originarias, y señala que toda persona tiene derecho a recibir atención en su idioma materno en toda gestión que realice en cualquier repartición de la administración pública y entidades privadas de servicio público, de acuerdo al principio de territorialidad.Ahora bien, para aprender un idioma nativo es insuficiente asistir a clases con un limitado número de horas académicas, que si bien le da acceso al funcionario público a un certificado oficial, de ninguna manera acredita que el interesado hubiera aprendido a expresarse en un idioma originario y menos que escriba lo que pronuncia.El 1 de julio de 2015 y a 30 días del plazo fatal que había fijado la Ley 269, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sostuvo que alrededor de 300.000 servidores públicos tenían un plazo hasta el 2 de agosto de ese año para aprender el idioma nativo de la región en la que trabajan.“Los servidores públicos tienen la obligación de aprender un idioma originario y en este caso van a aprender en un mes el idioma aymara”, señaló entonces Cárdenas.Sin embargo, han transcurrido ocho meses, pero la abrumadora mayoría de los servidores públicos no cumplieron con la obligación de asistir a los cursos que ofrece la EGPP, por lo mismo, no cuentan con la certificación que hoy inhabilita a varios postulantes al Defensor del Pueblo, y menos se expresan en uno de los idiomas originarios que reconoce como oficiales la Carta Magna.Por eso llama la atención que desde el 2 de agosto del pasado año, fecha en el que feneció el plazo legal, no se haya conocido sobre la implementación de cursos masivos para la enseñanza de un idioma originario a miles de servidores que todavía no cumplen con lo que manda la Ley 269. En ese sentido, los postulantes al Defensor del Pueblo inhabilitados por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, precisamente por no hablar un idioma nativo impugnaron la presunta violación de sus derechos constitucionales.Según el abogado Williams Bascopé, la inhabilitación de candidatos al Defensor del Pueblo podría ser considerado con un acto de discriminación, ya que “estaríamos violando el artículo 14 de la Constitución que dice claramente que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo color, edad e idioma”.En ese contexto, si bien el propósito de la Ley 269 es muy loable, ya que reivindica los valores culturales que nutren la rica identidad cultural boliviana, su implementación debería ir acompañada de acciones puntuales y permanentes para que todos los bolivianos, no sólo los funcionarios públicos, aprendan un idioma originario.Además, si casi el 90% de los funcionarios públicos aun no cuentan con la certificación de haber aprobado un curso y, por lo tanto, se supone que no hablan un idioma nativo, ¿por qué se es tan taxativo con la interpretación de la ley con los postulantes al Defensor del Pueblo?