Los jueces de Dilma

Según un informe de la ONG anticorrupción Transparencia Brasil, citado por la BBC Mundo, 303 de los 513 diputados también tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos.Esas manchas alcanzan a 352 legisladores, es decir, al 59% de los 594 miembros del Congreso brasileño, paradoja que desvela que una presidente electa democráticamente está siendo procesada por “jueces (que) son simultáneamente reos en múltiples procesos”, a decir de Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Pernambuco.No obstante, Rousseff no está acusada en el Congreso por algún delito de corrupción sino de maquillar el déficit presupuestal, usando fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno, lo que violaría una ley de responsabilidad fiscal.La Jefa de Estado rechaza esa acusación, afirma que gobiernos anteriores hicieron lo mismo y acusa a su vicepresidente, Michel Temer, y al líder de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, de conspirar para dar un golpe de Estado.Entonces, si por mayoría simple el Senado (41 de 89 votos) ratifica el proceso de destitución, la presidenta sería suspendida por hasta 180 días mientras la juzgan los senadores. Y en caso de que dos tercios de la Cámara Alta (59 senadores) la condenen, Rousseff sería destituida definitivamente y Temer asumiría la presidencia de Brasil.Ahora bien, ¿de qué están acusados los principales jueces de la presidenta brasileña y por qué no están sentados en el banquillo de los acusados por presunta corrupción?Veamos algunos casos. Según Transparencia Brasil, el propio Cunha, que como presidente de Diputados ha jugado un rol clave en el proceso de ‘impeachment’, enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero, acusado de recibir hasta 40 millones de dólares en sobornos para él y otros políticos.Miembro del centrista PMDB, un partido plagado de escándalos al que también pertenece Temer y que días atrás rompió su alianza con el gobierno de Rousseff, Cunha rechaza las acusaciones aunque la justicia halló cuentas ocultas en Suiza donde aparecía como beneficiario.En el mismo partido de Cunha está el diputado João Arruda, quien fue condenado por homicidio culposo en un accidente de tránsito que mató a dos personas. Su pena de detención la cambió por el pago de una indemnización y trabajo comunitario.El diputado Eder Mauro es un policía investigado por el Supremo Tribunal Federal por tortura, en un caso que tiene a un niño y su padre como presuntas víctimas. Mauro ha atribuido las acusaciones a presuntas “persecuciones políticas” de sus adversarios.Además, en la Comisión Especial de 65 diputados –que seis días antes del voto en la Cámara de Diputados se pronunció a favor de la destitución–, 37 (56%) enfrentan cargos o condenas de diverso tipo, desde desvío de dinero público hasta crímenes de responsabilidad, lo mismo por lo que es acusada Rousseff.Entre ellos está el diputado Paulo Maluf, quien tiene varias condenas y casos en la justicia brasileña. Fue acusado por presunta participación en el desvío de más de 11 millones de dólares de fondos públicos a Nueva York –algo que él niega– y hasta hace poco estaba en una lista de buscados por Interpol.Y como si fuera poco, otro de los principales acusadores de Rousseff, el presidente del Senado, Renan Calheiros, está siendo investigado por presuntos sobornos provenientes de la red de corrupción en Petrobras.Esa es la talla moral de los principales políticos que impulsan la destitución de una presidenta legítimamente electa en las urnas y cuya destitución, que violentaría la democracia, no sólo es rechazada por gran parte del pueblo brasileño, sino por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA).En ese contexto, un fallo condenatorio contra Rousseff de ninguna manera será consecuencia de un proceso justo, imparcial y transparente, sino una violación de la democracia, un asalto premeditado del poder, es decir, un golpe de Estado, ni más ni menos.