Democracia bajo fuego

La acusación de“crímenes de responsabilidad” por el presunto maquillaje de cuentas públicas y la apertura de créditos extrapresupuestarios sin la aprobación del Congreso marcó el que parece ser más traumático cambio de Gobierno en el coloso sudamericano en más de 30 años. Salvo alguna sorpresa inesperada, una vez que el Senado apruebe el proceso contra Rousseff, la Presidenta será suspendida de su cargo. Entonces empezará el juicio en la propia Cámara Alta que, en un plazo de seis meses, deberá definir si es culpable, destituirla oficialmente y abrir las vías al juicio definitivo.     Tras el paso considerado más importante, algo así como la batalla decisoria, que se dio anoche, Rousseff respondió que aún luchará por su permanencia en el poder.La Mandataria recordó que continuará siendo Presidenta de la República el lunes y dijo que no va a renunciar. Es más, prometió continuar en la lucha por mantenerse en su cargo hasta el fin de la legislatura. Mientras tanto, el vicepresidente Michel Temer, como ya ha sucedido desde hace dos semanas, se mostraba triunfante. Trascendió que en horas previas realizó reuniones con representantes de diversas fuerzas previendo la conformación de un “Gobierno de salvación nacional”, frase de la clásica nomenclatura de los golpistas de los años 70.   Mientras, en las calles de Brasil subsistía un ambiente convulsivo con movilizaciones de personas a favor y en contra del juicio político contra Dilma Rousseff.La dramática crisis por la que atraviesa la democracia brasileña confirma que la lucha por el poder sigue dominada por los grandes intereses económicos y políticos de siempre y, en este sentido, Rousseff enfrenta un proceso kafkiano, en el que el acusado no consigue saber con exactitud de qué se lo está acusando ni tampoco el porqué.Veamos. Para los detractores de la Jefa de Estado el objetivo político del proceso está claro, es esencial para sus intereses la destitución de la Mandataria brasileña, más allá si con ello desconocen la voluntad mayoritaria de los brasileños que respaldaron en las urnas a Rousseff y violentan la democracia.El ‘impeachment’ contó con el respaldo del PMDB, partido del vicepresidente Temer, que formó parte de todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, desde el fin del régimen militar en 1985. Y fiel a su estilo, el PDMB traicionó a Rousseff y rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT), y sin ningún empacho,Temer se puso a disposición de los adversarios de la Presidenta para reemplazarla si es destituida. También lo apoyan las poderosas cámaras de industria y de agricultura y los mercados financieros, como la bolsa de Sao Paulo queofrece el inusual espectáculo de festejar con fuertes alzas cualquier señal de que el Gobierno de Rousseff está a punto de caer.Empero, entre los principales impulsores del ‘impeachment’ contra la presidenta brasileña se encuentran políticos investigados por delitos de corrupción. El líder del Congreso, Eduardo Cunha (PDMB), ya investigado por el caso Petrobras, también figura entre los personajes con cuentas en paraísos fiscales como Panamá.Y como si fuera poco, Cunha, enemigo declarado de Rousseff, está acusado por la Fiscalía General de Brasil de detentar cinco cuentas millonarias e ilegales en Suiza.Además, en el escándalo ‘Papeles de Panamá’ –de evasión fiscal y lavado de dinero– no está ningún político del PT, partido del expresidente Lula da Silva y de Rousseff, pero sí militantes del PDMB como Cunha y el senador Edison Lobão, también involucradoen el caso Petrobras.En ese contexto, si Rousseff es finalmente destituida, quien la reemplace no tendrá la legitimidad que sólo el respaldo del voto popular otorga y, por lo tanto, no podrá reclamar respeto como gobernante si no respeta las reglas del juego democrático.Por eso, es absurdo destituir a una presidenta contra quien sus detractores no demostraron que haya cometido delito alguno y pusieron a la democracia bajo fuego. Y si una destitución de esa naturaleza llega a concretarse, sin delito ni dolo, sólo tiene un nombre: será un golpe de Estado.