Bienes incautados
La información fue proporcionada por la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez, quien atribuyó las deficiencias en el inventariado a la mala administración de gestiones anteriores, por lo que 103 ex funcionarios se encuentran investigados y procesados.“La tarea no es tan sencilla, tenemos que...
La información fue proporcionada por la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez, quien atribuyó las deficiencias en el inventariado a la mala administración de gestiones anteriores, por lo que 103 ex funcionarios se encuentran investigados y procesados.“La tarea no es tan sencilla, tenemos que buscar en la zona y hacer un rastrillaje de campo. Siempre alguien puede saber que hubo un inmueble incautado en la zona o lugar y hemos tenido la suerte de encontrar muchos de estos casos”, señaló Jiménez, citado por el diario La Razón.En 2012 comenzó el trabajo para inventariar los bienes incautados relacionados con la presunta comisión de delitos como el narcotráfico, el contrabando u otros, y se registró un avance del 20% en inmuebles y 80% en el caso de vehículos, con la valoración monetaria respectiva para un remate público.Los datos que difunde La Razón señalan que hasta marzo, el registro de los bienes administrados por Dircabi llegó a 184 armas, 6.250 equipos electrónicos, 1.309 inmuebles, 5.050 medios de transporte, 22 semovientes o cabezas de ganado, 4.433 sustancias controladas, 4.896 tarjetas bancarias y cheques, y 1.110 artículos varios.Entre enero y diciembre de 2015, los bienes inventariados alcanzaron a 1.590, de los cuales 298 son sustancias controladas, 916 vehículos, 300 inmuebles y 76 aeronaves. En el mismo periodo fueron monetizados bienes por un valor de 673.342 dólares y al Estado le fueron transferidos 342.251 dólares. Los bienes incautados se encuentran en las direcciones departamentales, mientras que las joyas y dinero son depositados en bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).La incautación es una medida cautelar que se ejercita sobre bienes muebles o inmuebles que hayan servido como instrumento del delito, sean producto del hecho ilícito o tengan relación con éste, privándose a su propietario de la posesión o la tenencia de los mismos, mientras dure el proceso legal o sea necesario su resguardo a los fines de la investigación.En tanto que la confiscación o decomiso de un bien es una pena accesoria consistente en privar al titular del uso, goce y disposición de su propiedad en favor del Estado, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.En ese sentido, la misión institucional de Dircabi es la de administrar los bienes incautados, decomisados y confiscados de acuerdo a la legislación vigente y en todo el territorio boliviano.Ahora bien, ¿por qué Dircabi apenas inventarió el 6.83% de los bienes incautados a presuntos narcotraficantes, contrabandistas o sospechosos que cometieron otros delitos sujetos al secuestro de sus bienes?Según Jiménez, “es una tarea lenta y complicada, porque no contamos con recursos necesarios para hacerlo. Vamos al juzgado, no sabemos dónde está por su situación judicial; puede ser que ya pueda estar confiscado y ahí sí podemos transferir al Estado y si esta incautado, podemos custodiarlo, administrarlo”.Es decir, la administración de los bienes incautados por la presunta comisión de un delito se asemeja a una telaraña muy difícil de desenmarañar, mucho más si los funcionarios de Dircabi no saben en dónde se encuentran los bienes muebles o los inmuebles incautados, y menos conocen si ya fueron confiscados, por lo que les resulta una misión imposible su eventual transferencia al Estado, tal como prescribe el artículo 71 de la Ley 1008.En el caso de la incautación de bienes inmuebles por delitos de narcotráfico, la norma señala que procederá esa medida en contra del propietario que haya tomado parte en el ilícito o conocido su comisión no lo hubiera denunciado. Además, llama la atención ¿por qué después de seis años de gestión del actual gobierno del MAS, recién en 2012 comenzó el trabajo de inventariar los bienes incautados?En ese contexto, es de esperar que el inventario alcance al 100% de los bienes incautados para privilegiar la transparencia, mientras que el proceso legal contra los 103 supuestos responsables de una pésima, caótica, improvisada y posiblemente corrupta administración de Dircabi, culmine como manda la ley.


