Iglesia y narcotráfico
“El narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente...
“El narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado”, señala la Carta Pastoral que la Conferencia Episcopal Boliviana hizo pública el domingo pasado.
El documento eclesial intitulado ‘Hoy pongo ante ti la vida o la muerte’, en sus 48 páginas aborda la problemática de la drogadicción y el narcotráfico, y describe a Bolivia como a un país productor de materia prima y fabricante de droga, un país de tránsito y consumidor de cocaína.
En la Carta Pastoral, los jerarcas católicos no sólo aseguran que las estructuras del poder han sido penetradas por el narcotráfico que se potencia ante una “justicia corrupta y mal vigilada”, sino que atribuyen que la economía boliviana se revitaliza con dineros provenientes de esa actividad ilícita, lo que presuntamente contribuye al crecimiento económico, pero anula el desarrollo.
Las aseveraciones de la curia fueron rechazadas por las autoridades nacionales. El presidente Evo Morales emplazó a la Conferencia Episcopal Boliviana a identificar y presentar pruebas sobre las autoridades de su gobierno que estarían vinculadas al narcotráfico.
En tanto que el ministro de Gobierno y responsable de la seguridad interna del país, Carlos Romero, consideró que las aseveraciones de la Iglesia Católica serían temerarias, infundadas, injustas, irresponsables y carentes de fuentes de información
Ahora bien, la lucha contra el narcotráfico ha sido y es uno de los más delicados asuntos de manejo estatal, por sus implicancias sociales, económicas y sobre todo políticas, particularmente desde el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos el 10 de septiembre de 2008 con la expulsión del entonces embajador Philip Goldberg, la salida de la DEA dos meses más tarde y de USAID en mayo de 2013.
En ese contexto, el informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en el mundo, enviado en marzo pasado al Congreso estadounidense y relativo a 2015, cita a 17 países de Latinoamérica y el Caribe entre los principales productores y lugares de tránsito de las drogas ilegales en el mundo.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos considera “insuficientes los esfuerzos de las autoridades para frenar y desmantelar a las organizaciones narcotraficantes” y “poco adecuados los controles bolivianos para prevenir que los cultivos de coca legales alimenten la producción ilícita de cocaína”.
Sin embargo, y como también ocurre en los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) reconoció el esfuerzo boliviano durante el 2015 en la lucha contra ese flagelo social.
“La ONUDD está viendo resultados en la lucha contra el narcotráfico, porque el gobierno, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), invierte 20 millones de dólares tanto en las tareas de racionalización de cocales como en el combate a los narcos”, resaltó el representante de la ONUDD en Bolivia, César Guedes.
Además, los datos oficiales del año pasado señalan que Bolivia erradicó 11.025 has. de coca ilegal (6.025 has. por encima de lo que manda la Ley 1008) y secuestró más de 100 toneladas de cocaína y otras drogas. La FELCN en 11.374 operativos de interdicción aprehendió a 3.072 sospechosos, destruyó 72 laboratorios de cristalización de cocaína, 62 laboratorios de reciclaje, 3.907 pozas de maceración y fábricas de cocaína.
En ese contexto, es necesario que las apreciaciones sobre la lucha contra el narcotráfico de una institución tan respetable como es la Iglesia Católica estén debidamente documentadas, porque el combate a ese flagelo social requiere del concurso de todos y no de la confrontación entre los bolivianos.
Es que a diferencia del modelo antidroga de Estados Unidos que privilegia el uso de la fuerza con su secuela de muertos, heridos y violencia, y promueve soluciones militares a problemas sociales, Bolivia superó las metas previstas en la lucha contra el narcotráfico sin ejercer violencia.
El documento eclesial intitulado ‘Hoy pongo ante ti la vida o la muerte’, en sus 48 páginas aborda la problemática de la drogadicción y el narcotráfico, y describe a Bolivia como a un país productor de materia prima y fabricante de droga, un país de tránsito y consumidor de cocaína.
En la Carta Pastoral, los jerarcas católicos no sólo aseguran que las estructuras del poder han sido penetradas por el narcotráfico que se potencia ante una “justicia corrupta y mal vigilada”, sino que atribuyen que la economía boliviana se revitaliza con dineros provenientes de esa actividad ilícita, lo que presuntamente contribuye al crecimiento económico, pero anula el desarrollo.
Las aseveraciones de la curia fueron rechazadas por las autoridades nacionales. El presidente Evo Morales emplazó a la Conferencia Episcopal Boliviana a identificar y presentar pruebas sobre las autoridades de su gobierno que estarían vinculadas al narcotráfico.
En tanto que el ministro de Gobierno y responsable de la seguridad interna del país, Carlos Romero, consideró que las aseveraciones de la Iglesia Católica serían temerarias, infundadas, injustas, irresponsables y carentes de fuentes de información
Ahora bien, la lucha contra el narcotráfico ha sido y es uno de los más delicados asuntos de manejo estatal, por sus implicancias sociales, económicas y sobre todo políticas, particularmente desde el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos el 10 de septiembre de 2008 con la expulsión del entonces embajador Philip Goldberg, la salida de la DEA dos meses más tarde y de USAID en mayo de 2013.
En ese contexto, el informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en el mundo, enviado en marzo pasado al Congreso estadounidense y relativo a 2015, cita a 17 países de Latinoamérica y el Caribe entre los principales productores y lugares de tránsito de las drogas ilegales en el mundo.
En el caso de Bolivia, Estados Unidos considera “insuficientes los esfuerzos de las autoridades para frenar y desmantelar a las organizaciones narcotraficantes” y “poco adecuados los controles bolivianos para prevenir que los cultivos de coca legales alimenten la producción ilícita de cocaína”.
Sin embargo, y como también ocurre en los últimos años, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) reconoció el esfuerzo boliviano durante el 2015 en la lucha contra ese flagelo social.
“La ONUDD está viendo resultados en la lucha contra el narcotráfico, porque el gobierno, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), invierte 20 millones de dólares tanto en las tareas de racionalización de cocales como en el combate a los narcos”, resaltó el representante de la ONUDD en Bolivia, César Guedes.
Además, los datos oficiales del año pasado señalan que Bolivia erradicó 11.025 has. de coca ilegal (6.025 has. por encima de lo que manda la Ley 1008) y secuestró más de 100 toneladas de cocaína y otras drogas. La FELCN en 11.374 operativos de interdicción aprehendió a 3.072 sospechosos, destruyó 72 laboratorios de cristalización de cocaína, 62 laboratorios de reciclaje, 3.907 pozas de maceración y fábricas de cocaína.
En ese contexto, es necesario que las apreciaciones sobre la lucha contra el narcotráfico de una institución tan respetable como es la Iglesia Católica estén debidamente documentadas, porque el combate a ese flagelo social requiere del concurso de todos y no de la confrontación entre los bolivianos.
Es que a diferencia del modelo antidroga de Estados Unidos que privilegia el uso de la fuerza con su secuela de muertos, heridos y violencia, y promueve soluciones militares a problemas sociales, Bolivia superó las metas previstas en la lucha contra el narcotráfico sin ejercer violencia.
