Víctimas de Pinochet

En un fallo unánime, la XII Sala del Tribunal de Alzada ratificó el fallo dictado en primera instancia por el juez especial Leopoldo Llanos en contra del ex brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, el ex coronel Rolf Wenderoth Pozo y el ex suboficial Basclay Zapata, como autores de la muerte a tiros de las víctimas.Según un reporte de la agencia Efe, el juez estableció que entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975 la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, secuestró, torturó y asesinó, simulando un enfrentamiento, a Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez.Los hechos siguieron a un enfrentamiento en una villa militar de Santiago en el que murieron un soldado y Roberto Gallardo Moreno, integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización que resistió con las armas a la dictadura pinochetista.En las horas siguientes fueron detenidos en sus domicilios todos los familiares de Gallardo por la Policía de Investigaciones, que los interrogó, torturó y liberó luego a algunos, excepto a Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Mónica Pacheco Sánchez, quienes fueron entregados a la DINA y trasladados hasta el cuartel de Villa Grimaldi.En ese centro de torturas y exterminio, el mismo día, habían sido torturados hasta la muerte otros dos detenidos: Manuel Reyes Garrido, militante del MIR, y Pedro Cortés Jélvez, del Partido Comunista. En la madrugada siguiente, tras torturas aplicadas a su madre y tres hermanos, fue detenido Luis Andrés Ganga, trasladado también a la Villa Grimaldi.Prisioneros supervivientes testificaron haber visto después en el patio varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina Gallardo y Mónica Pacheco, moribundas.La investigación judicial determinó que los cadáveres de las seis víctimas fueron llevados por un grupo de agentes, al mando del capitán Germán Barriga Muñoz, al sector rural de Rinconada de Maipú, donde escenificaron un enfrentamiento ficticio con “extremistas” que fue transmitido por la televisión oficial.Según datos de la Comisión Valech, que investiga los abusos a los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990, el número de víctimas entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años de la dictadura, oficialmente 40.280 personas fueron víctimas de la represión, entre ellas 3.225 muertos y desaparecidos.Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos rechazó los resultados obtenidos por esa comisión e indicó que el número de víctimas del pinochetismo puede superaría los 100.000.La represión fue coordinada por los servicios de Inteligencia de las dictaduras militares de Sudamérica, que el 25 de noviembre de 1975 asumieron en Santiago un pacto criminal denominado Plan Cóndor.Las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia constituyeron esa organización criminal para la práctica del terrorismo de Estado, bajo la complicidad de Estados Unidos y para eliminar a las voces opositoras, principalmente de izquierda.Según los Archivos del Terror, descubiertos en 1992 por el abogado Martín Almada en Paraguay, el Plan Cóndor dejó un saldo de al menos 50 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 400 mil presos políticos en América Latina.En ese contexto, que las sentencias de tres ex represores hayan sido ratificadas –de cientos o quizá miles que cometieron los más abominables delitos contra sus pueblos–, constituye un hito en el largo camino para buscar justicia para las víctimas.Aunque muchos dictadores murieron sin castigo, en Chile más de 600 ex represores están condenados o inculpados por sus crímenes. Y si en democracia nadie está por encima de la ley, tarde o temprano la justicia debe perseguirlos y castigarlos porque secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de seres humanos.Y no sólo es un compromiso sino un deber moral de la democracia cumplir su rol histórico y sin tomar en cuenta lo poderosos que sean o que hayan encarcelar a los ex represores. Sólo así se habrá justicia con las víctimas. ¿No les parece?