Cinco sentenciados por cuatro muertes en El Abra

incumplimiento de deberes y beneficio en razón del cargo, en el marco de un proceso legal que investigó la violenta muerte de cuatro reclusos en la cárcel de El Abra, el 14 de septiembre del pasado año.“El Tribunal de Sentencia N° 1 de Sacaba ha dictado una sentencia condenatoria en contra de cinco personas que han sido sindicadas de cometer diferentes hechos ilícitos y se ha absuelto a una de las acusadas”, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Ever Veizaga.El ex gobernador de la cárcel, Yuri Abraham Duk Escobar, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, el ex jefe de Seguridad, Richard Emerson Gutiérrez, a ocho años de cárcel por incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo, y Gregorio Condo Ortiz, quien era comandante de guardia, a tres años de privación de libertad por incumplimiento de deberes.En tanto que la ex jueza de Ejecución Penal, Yolanda Ramírez, fue condenada a tres años de cárcel por incumplimiento de deberes, el ex director Departamental de Régimen Penitenciario, Dennis Fernando Mejía Montenegro, fue castigado con 10 años de reclusión por incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo, y Wendy Tejerina, ex trabajadora social de Régimen Penitenciario, fue absuelta de pena y culpa.Los varones deben cumplir su condena en el penal de Cantumarca (Potosí), mientras que la ex jueza en la cárcel de San Pedro de Sacaba (Cochabamba).La noche del 14 de septiembre de 2014, cuatro reclusos de la cárcel de El Abra de Cochabamba perdieron la vida durante una balacera que también dejó 11 personas gravemente heridas, entre ellas dos mujeres, de las que una perdió a su bebé de 20 semanas de gestación.Ese trágico episodio se desató a raíz de “pugnas de poder” y el control de ese centro penitenciario entre reos de grupos rivales. La violencia se incendió tras un apagón en la mitad de una fiesta dedicada a la Virgen de Urkupiña, patrona de Cochabamba, celebración a todas luces ilegal que, no obstante, fue autorizado por las autoridades ahora sentenciadas y contó con la participación de grupos folklóricos conformados por reclusos y sus familiares.Durante el tiroteo murieron los internos Édgar Ariel Tancara Sandagorda, Sergio Arce Araníbar (alias El Lucifer), Gustavo Tobar Ramírez y Humberto Ramírez, todos de nacionalidad boliviana.Ahora bien, en los últimos años muchos ilegales ocurrieron en las cárceles bolivianas que presentan infraestructuras precarias, donde la alimentación y la atención médica de los reos son insuficientes, el control interno a menudo lo ejercen los mismos presos y la violencia espera agazapada para manifestarse con inusitada frecuencia. Por ejemplo, en agosto de 2013, al menos 35 reos fueron asesinados y más de 50 resultaron heridos en un incendio provocado durante un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz).Además, la discrecionalidad de los jueces para disponer la prisión preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han debilitado considerablemente los derechos del debido proceso de personas acusadas de delitos, especialmente entre los internos con escasos recursos económicos.A esto se suma, el crónico hacinamiento como consecuencia de la retardación de justicia. Según el Defensor del Pueblo, Bolivia cuenta con el mayor número de presos sin sentencia en toda América Latina con un 84%, seguido de Paraguay con el 71%; mientras que Chile registra el menor porcentaje con el 16%.En ese escenario, los casos de corrupción entre las autoridades encargadas de velar por el complimiento de la ley y la seguridad de las personas encarceladas –como es el caso que comentamos– agudiza un panorama de por sí muy preocupante.Por eso es relevante que las sentenciadas pronunciadas sean una advertencia a quienes todavía miran el camino fácil del enriquecimiento ilícito.