Un pacto de paz que satisfaga a todos

acordaron el pasado jueves suspender –aún sin fecha– la firma del acuerdo de paz acordado para el próximo 23 de marzo, luego de tres años de intensas negociaciones en la ciudad de La Habana (Cuba).Esa firma fue acordada el 23 de septiembre de 2015, luego del apretón de manos entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Sin embargo, el miércoles pasado el mandatario colombiano dijo que no firmaría “un mal acuerdo” solo por cumplir los plazos previstos.“Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 (de marzo) a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo”, aseguró Santos, citado por la agencia Efe.Y un día después, la guerrilla aceptó consensuar un nuevo plazo para que las negociaciones se extiendan hasta alcanzar un pacto de paz que satisfaga a todas las partes involucradas en el conflicto armado que desde hace más de medio siglo castiga al pueblo colombiano.“Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, que después del 23 podamos tener un acuerdo”, respondió el comandante rebelde Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.La posibilidad real de cumplir con la fecha inicialmente fijada se ha dificultado debido a la complejidad de las negociaciones entre las delegaciones de paz de las FARC y el gobierno colombiano, que han entrado en la recta final después de más de tres años de conversaciones en su sede permanente de La Habana.Para llegar a un acuerdo definitivo de paz quedan pendientes todavía asuntos como el alto al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas por parte de los guerrilleros, así como la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz a través de un referéndum popular.Uno de los temas más difíciles de abordar ha sido el del posconflicto, al que la guerrilla se refirió en un comunicado y en el que denunció las “disposiciones inconsultas” que el gobierno ha puesto en marcha y que pretende presentar “como hechos cumplidos”, en desconocimiento de la “bilateralidad” de las negociaciones.Entre estas acciones se encuentran la creación del Ministerio de Posconflicto, Seguridad y Derechos Humanos; las Estrategias de Respuesta Rápida, el Comité Interinstitucional del Posconflicto y el Fondo Colombia en Paz, que la guerrilla considera que el gobierno ha impulsado “pasando por alto a las FARC”.Además, los guerrilleros no aceptan la reciente aprobación en el Congreso colombiano de las zonas donde se concentrarán los insurgentes una vez que depongan las armas, y advirtieron que no se “ha definido” ni “discutido en la mesa de negociaciones” y que debe ser una “cuestión consensuada” entre las partes.No obstante, el principal obstáculo para posibilitar la firma de la paz ya ha sido superado. Se trata del acuerdo para que en el marco de la justicia transicional se cree un tribunal especial que juzgue no sólo a los guerrilleros sino a todos quienes hayan participado en el conflicto armado, tanto a civiles como a militares.En ese contexto, los últimos desencuentros entre el gobierno del presidente Santos y los guerrilleros, y los resultados de una última encuesta de Gallup que señala que el 57% de los colombianos no respalda el rumbo de las conversaciones de paz en La Habana, mientras que el 37% cree que marchan bien, es imprescindible que se revitalice el apoyo de la opinión pública al proceso de paz.Y en un momento crucial para la búsqueda de la paz, es inexcusable que los colombianos no olviden que sólo con el fin del conflicto armado más antiguo de América Latina, que dejó unos siete millones de víctimas, entre muertos, desplazados y desaparecidos; se abrirá un nuevo escenario político que permitirá avizorar un futuro sin violencia fratricida y el pueblo colombiano pueda sepultar la larga noche de destrucción y muerte.