Contratos con la CAMC

Esa comisión legislativa –conformada por legisladores del oficialismo y de la oposición– comenzó este jueves su trabajo al analizar los contratos firmados entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y CAMC, como parte de una vasta investigación que busca establecer si hubo o no tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos a la compañía asiática.En sesión pública, la comisión reveló que el gobierno de Mesa firmó un convenio marco con el gobierno chino por 250 millones de yuanes (30 millones de dólares al cambio de ese año), lo que posibilitó la rúbrica del contrato entre YPFB y CAMC el 17 de agosto de ese mismo año. Según el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), el gobierno chino impuso al boliviano que la única empresa acreditada para proporcionar materiales a YPFB era CAMC y que ese convenio fue homologado por el Congreso Nacional, entonces presidido por Hormando Vaca Diez (+) aceptando todas las condiciones de los chinos.En una carta fechada el 19 de agosto de 2004, la Embajada de China recordó al gobierno de Mesa y a YPFB que en virtud del convenio marco, la CAMC “es reconocida como la única empresa autorizada por el H. Gobierno Chino para la ejecución de los proyectos”.En 2010, durante el segundo gobierno (el primero bajo la actual Carta Magna) del presidente Evo Morales, fueron suscritas tres adendas al convenio marco de 2004, y en 2011 fue firmado el documento de préstamo concesional de 60 millones de dólares destinado a la compra de perforadoras para la estatal petrolera.El monto de la adquisición fue de 22.821.440 dólares, 18.829.320 dólares y 18.349.240 dólares, respectivamente, por cada uno de los tres equipos.Es decir, según Borda, los créditos chinos venían condicionados para contratar sin licitación a la empresa CAMC, aunque durante la gestión de Carlos Villegas (+) al frente de YPFB se habría contratado a una empresa que verificara las condiciones de la empresa china y las perforadoras adquiridas por YPFB.La segunda contratación directa –citada por Erbol– se firmó en marzo de 2012 para la construcción de una planta industrial en el norte paceño por un monto de 166.991.647 dólares. Luego se adjudicó la construcción de un tramo de la vía férrea Montero-Bulo Bulo por 103.167.226 dólares.Entre agosto y octubre de 2014, CAMC recibió tres contratos por excepción de la Empresa Misicuni. El primero fue por la dotación de instrumentos de medición por 2.280.897 dólares, el segundo fue por un sistema de comunicaciones y distribución de energía por 2.515.052 dólares, y el tercer contrato para la construcción de la presa por 61.638.517 dólares.En julio 2015 se rubricó la séptima adjudicación directa a favor de CAMC. La Comibol contrató a la empresa china para la construcción de la planta industrial de sales de potasio en Potosí por 177.008.174 dólares.Sin embargo, a mediados de enero el Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato del tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo por incumplimientos de CAMC en el avance de obras y cuyas boletas de garantía por 96.1 millones de bolivianos (13.8 millones de dólares) fueron ejecutadas a favor del Estado por el Banco Bisa el 29 de febrero.La denuncia por presunto de tráfico de influencias surgió a partir de la relación sentimental –con ribetes de un culebrón político– entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, quien fue ejecutiva de CAMC y está detenida preventivamente en una cárcel de La Paz acusada de usar con fines privados bienes del Estado.En ese contexto, la Comisión Multipartidaria está ante el desafío de establecer si en los contratos con adjudicación directa a CAMC hubo o no tráfico de influencias. Y si encuentra indicios sobre el denunciado tráfico, deberá abrir causas penales en contra de quienes resulten culpables, cómplices o encubridores, caso contrario deberá cerrar el caso.