La paz en Colombia

El Centro Democrático considera que la detención de su hermano sería parte de una persecución contra Álvaro Uribe presuntamente para presionar al ex Jefe de Estado para que apoye el acuerdo de paz con las FARC, denunciaron una supuesta violación de los derechos del detenido y acusaron al gobierno de Santos de ser una “dictadura”.Según reporta el diario español El País, la Fiscalía de Colombia ordenó el lunes pasado la detención de Santiago Uribe por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, concretamente los cargos que se le imputan son el de concierto para delinquir y homicidio agravado. El primer cargo tiene que ver con su hipotética participación en la formación y financiación del grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’, una banda criminal que operó en el norte de Antioquia, departamento del que fue gobernador Álvaro Uribe (1995-1997) antes de ser electo presidente de Colombia (2002-2006) y reelecto (2006 y 2010), y a la que se atribuye más de un centenar de asesinatos.Y el cargo de homicidio se refiere al asesinato en 1994 de Camilo Barrientos, un conductor de autobuses señalado por la Policía como colaborador de la guerrilla. Dos de los asesinos confesaron que cometieron el crimen por orden de Santiago Uribe.Tras su detención, el Ministerio Público tiene 120 días para decidir si el hermano del ex presidente colombiano es sujeto o no de un proceso legal e imputado bajo los cargos de concierto para delinquir y homicidio.Durante la década de los años 90 y la primera década del siglo 21, según la periodista Olga Behar, el poder político de la familia de Uribe Vélez les permitió maniobrar para que todos los procesos legales en su contra “durmieran el sueño de los justos” o en algunos casos fuesen archivados.No obstante, fue el ex mayor de la Policía de Yarumal, Juan Carlos Meneses, quien reveló lo que estaba pasando y así fue como en 2011 la Fiscalía de Colombia decidió reabrir la investigación, proceso en el que Meneses ratificó que Santiago Uribe fue su jefe máximo y contó –al diario Semana– que se cometieron una serie de asesinatos.Mientras desde la izquierda colombiana, el Polo Democrático y Marcha Patriótica defienden el proceso de paz, los ex presidentes Belisario Betancur y César Gaviria, y organismos internacionales como la CELAC, la Unión Europea, la OEA y las Naciones Unidas también respaldan las negociaciones.Es decir, sólo el Centro Democrático del ex presidente Uribe se opone a un proceso que cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los colombianos y que ingresó en su recta final el 23 de septiembre de 2015 en La Habana con un apretón de manos entre el presidente Santos y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño.El mutuo acuerdo para que en el marco de la justicia transicional se cree un tribunal especial que juzgue no sólo a los guerrilleros sino a todos quienes hayan participado en el conflicto armado, tanto civiles como militares, superó el principal escollo para sellar el venidero 23 de marzo la paz para Colombia después de 62 años de guerra.Por eso, es inadmisible que políticos, como el ex presidente Uribe, que optaron por la guerra a negociar la paz con la guerrilla, pretendan abortar un esfuerzo que busca poner fin a un conflicto armado que dejó al menos 200.000 muertos, decenas de miles de heridos y desaparecidos, y millones de desplazados.En ese contexto y mientras Colombia espera que el gobierno del presidente Santos y las FARC culminen las conversaciones y la paz sea una realidad, es necesario desmilitarizar no sólo el territorio colombiano sino también el lenguaje, para luego hacer justicia con las víctimas, sin interesar si son militares, guerrilleros o civiles. ¿No les parece?