Multas millonarias

De acuerdo con el director ejecutivo de la ATT, César Börht, las empresas Tigo, Viva y Entel fueron multadas cada una con aproximadamente 31 millones de bolivianos por “desperfectos, cortes e interrupciones” en el servicio de telefonía móvil e internet, faltas que fueron puestos en...

De acuerdo con el director ejecutivo de la ATT, César Börht, las empresas Tigo, Viva y Entel fueron multadas cada una con aproximadamente 31 millones de bolivianos por “desperfectos, cortes e interrupciones” en el servicio de telefonía móvil e internet, faltas que fueron puestos en conocimiento de las autoridades por los usuarios.“Lo que nosotros queremos es no multar porque las cosas deberían funcionar bien, eso sucede cuando hay algún evento que es de responsabilidad de los propios operadores en cuanto a la operación y continuidad de su servicio”, manifestó Börht.Las sanciones económicas fueron asumidas a raíz de los desperfectos, cortes e interrupción de los servicios que prestan las telefónicas, aunque éstas podrán apelar y presentar sus descargos a la medida sancionatoria, ya que el proceso todavía se encuentra en la vía administrativa.De acuerdo con datos de la propia ATT, citados por un reporte de La Razón, el ente regulador recibe un promedio de ocho quejas al día por mal servicio en la telefonía móvil de voz y datos que brindan las tres empresas operadoras en el país.Entre julio, agosto y septiembre de 2015, muchos usuarios de los servicios de Internet y de telefonía móvil se quejaron en las redes sociales por cortes intempestivos en los servicios de las tres operadoras.Además, durante el primer semestre de 2015, la ATT recibió 478 denuncias por concepto de servicio deficiente de las tres operadoras de telefonía móvil, según datos de las “reclamaciones de primera instancia” proporcionadas por la entidad reguladora y que fueron registradas en el periodo enero-junio de 2015. El total de las quejas en dicho lapso de tiempo fue de 1.370 por cortes de servicio, facturación, mala atención, servicio no disponible y servicio deficiente. La mayor cantidad de quejas (478) corresponde a un servicio deficiente.Hace un par de años, la ATT había informado que el número de teléfonos celulares registrados en Bolivia ya superaba la población total del país, de 10 millones de habitantes registrados por el Censo de Población y Vivienda de 2012.Sin embargo, de aquella estimación la ATT detalló entonces que 9.495.000 teléfonos celulares se encontraban activos, mientras el resto no poseía registro de líneas.De acuerdo con el ente regulador, ese total evidenciaba un crecimiento sostenido de la telefonía móvil en el país a partir de 2006, cuando solo dos de cada 10 habitantes tenían un teléfono celular.Los servicios de telefonía móvil y con valor agregado, como es el servicio de Internet, son los más representativos del sector de las telecomunicaciones y generan el mayor volumen de ingresos a esas compañías.Además, hasta septiembre de 2014, las terminales móviles inteligentes conectadas a Internet representaban el 21,3% (2,24 millones) del total de celulares operativos de 10.52 millones de unidades en Bolivia, según datos de la ATT.En ese contexto, es que la ATT registró las quejas de los usuarios de las tres telefónicas nacionales. Los reclamos se inscribieron en la plataforma virtual de la entidad reguladora mireclamo.bo, el portal que se constituye en la primera instancia para la queja de los usuarios.Además, la Ley de Telecomunicaciones establece sanciones para aquellos operadores en telefonía que atenten contra los derechos de los usuarios, es decir, por cortes de servicio, facturación defectuosa, mala atención, servicio no disponible y por servicios deficientes, entre otras infracciones. La norma legal, además, define que las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de las infracciones, pero sin vulnerar los derechos de las operadoras de servicios de telefónica móvil e Internet en todas sus modalidades.Ahora bien, el hecho que el ente regulador aplique millonarias multas a Entel, Viva y Tigo no debería ser asumida como un simple acto punitivo, sino como un mecanismo legal que protege los derechos de los usuarios, pero también apuntala hacia un servicio cada vez más eficiente de la telefonía móvil en el país.


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