Un criminal atentado

Una marcha de padres y madres de familia convocada para exigir a las autoridades de la Alcaldía de El Alto la aprobación de presupuesto para la construcción de nuevas aulas y la dotación de mobiliario escolar derivó este miércoles en la quema del edificio municipal y en la muerte por asfixia de seis personas y 18 heridas.La multitud liderada por representantes de las juntas escolares cercó al promediar la mañana el edificio edil de El Alto. Imágenes de canales de televisión mostraron que un grupo de jóvenes encabezó el asalto contra el inmueble y tras forzar las puertas ingresaron al mismo.Los vándalos quemaron documentos, muebles y computadoras que sustrajeron de la Unidad Jurídica y de otras oficinas. Entre los documentos incinerados se encontrarían legajos de los procesos penales iniciados por presunta corrupción en contra del ex alcalde Edgar Patana y de otros funcionarios de la anterior administración edil.Las víctimas perdieron la vida asfixiadas al no poder escapar del recinto que se convirtió en una trampa mortal como efecto de la emanación de gases de dióxido de carbono producto del incendio provocado. Decenas de funcionarios se descolgaron como pudieron del edificio edil para escapar de la densa y letal humareda.La alcaldesa de esa ciudad, Soledad Chapetón (UN), dijo que el grupo de choque estuvo liderado por “Braulio Rocha y militantes del MAS (que) han decidido saquear e incendiar la Alcaldía central de El Alto”, supuestamente para “eliminar” las pruebas en contra de los acusados de corrupción.Denunció que pese a que solicitó presencia policial para resguardar el edificio edil, el comandante de la Policía de El Alto, coronel José Peña, le habría manifestado que no tenía suficiente personal para reforzar la seguridad del lugar. ¿Acaso no es función de la Policía dar seguridad a todos los bolivianos sin importar de quien se trate?No obstante, el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, sostuvo que hubo una “franca provocación” por parte de los funcionarios ediles, ya que “les echaron agua hervida” y objetos desde lo alto del edificio a los movilizados.También señaló que el diputado opositor Amilcar Barral, junto a un grupo de jóvenes, se camuflo en la marcha de las juntas escolares “para alentar la violencia”.“Es un plan orquestado desde dentro de la Alcaldía, hemos visto diputados de Unidad Nacional azuzando para que se pueda generar este plan macabro. Es un plan que se ha urdido desde la derecha de Unidad Nacional y Sol.bo”, dijo Elío y agregó que incluso impidieron que los funcionarios puedan salir del edificio antes del ataque.Sea como fuere, no es admisible que en nombre de reivindicaciones sociales y la disidencia política se permita que delincuentes infiltrados en una marcha de padres y madres de familia atenten en contra del derecho a la vida, el bien más preciado de una sociedad democrática.Aunque la Policía detuvo a cinco sospechosos y la Fiscalía imputó a dos de ellos como presuntos cabecillas del hecho criminal, la celeridad de las investigaciones, la identificación y procesamiento penal de los autores materiales e intelectuales, encubridores y cómplices –sin importar si son del MAS, de la oposición o funcionarios del municipio alteño– es de capital importancia para hacer justicia con las víctimas.Es que nuestra democracia no puede permitir que la vida, un derecho natural y fundamental de primera generación y comprendido dentro de los derechos civiles de la Carta Magna, sea arrancada impunemente. La vida es el derecho que tiene toda persona a que nadie atente contra su existencia, porque de la conservación de nuestra integridad física y psicológica se desprenden los demás derechos que nos asisten como personas.En ese contexto, el derecho a la vida, como bien jurídico, se ha constituido como el más importante de cuantos derechos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado.Por esas y otras consideraciones, la justicia boliviana se encuentra ante el desafío de identificar a los responsables de la muerte de seis inocentes y castigar ejemplarmente a los culpables, porque la vida es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado a respetarla y protegerla. ¿No les parece?