Fondioc, un año después

El 12 de febrero de 2015, la Contraloría General del Estado destapaba uno de los mayores escándalos en el gobierno del presidente Evo Morales e involucraba en presuntos hechos ilegales a dirigentes de los movimientos sociales que administraron el hoy extinto Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).Y en agosto del pasado año, la entonces interventora del Fondioc, Larisa Fuentes, revelaba que en seis meses de trabajo había identificado 30 proyectos “fantasmas” y 713 inconclusos en los que se habrían invertido 102,2 millones de bolivianos, que sumados los 71 millones de bolivianos denunciados por la Contraloría, harían un monto de 173,2 millones de bolivianos de supuesto daño económico al Estado. Un año después de que el caso fuera destapado, los procesos legales instaurados en contra de los presuntos culpables permitieron la detención preventiva de una treintena de personas y un número indeterminado de sospechosos que todavía son investigados.El Fondo Indígena, que entró en funcionamiento en julio de 2009, empezó a financiar proyectos productivos y sociales a partir de 2010. Desde entonces, recibió cada año más de 470 millones de bolivianos anuales por el 5% de los recursos del IDH, para que sean invertidos en las áreas rurales del país.Estos proyectos deberían ser encarados en comunidades rurales afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).Desde que en 2010 comenzara el desembolso de recursos para proyectos productivos y sociales, el directorio del Fondo Indígena aprobó 3.177 proyectos, de éstos 1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos. Entre los proyectos que recibieron financiamiento se identificaron 30 “proyectos fantasma” y 713 que no fueron concluidos.En diciembre de 2015, el Ministerio Público imputó por la comisión de supuestos ilícitos a la ex ministra de Justicia, Julia Ramos; al senador oficialista, Jorge Choque, y al ex ejecutivo de la CSUTCB, Damián Condori.También ordenó la detención de la senadora del MAS, Felipa Merino; de la presidenta de la Cidob, Melva Hurtado; del dirigente de la CSUTCB, Remy Vera, y declaró en rebeldía y ordenó la detención del dirigente indígena Adolfo Chávez.En ese contexto, este 11 de febrero el ex director del Fondo Indígena, Marco Aramayo –junto a dos ex funcionarios también acusados de presunta corrupción– inició una huelga de hambre en la cárcel de San Pedro de La Paz para que la Fiscalía cite a declarar a la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.Los huelguistas aseguran que Achacollo firmó las resoluciones para desembolsar recursos para 1.100 proyectos del Fondioc y demandan ser procesados en un juicio justo en un juicio justo y con respeto a sus garantías constitucionales.Y tras un año de haberse destapado el caso del Fondioc –que es utilizado por la oposición como uno de sus argumentos para promover el voto por el NO en el referéndum de este 21 de febrero–, todos los dardos opositores y de algunos detenidos apuntan a la ex ministra Achacollo, a quien señalan como a la “principal responsable”.Sea como fuere, lo cierto es que los indicios desvelan que el Fondioc fue administrado de tal manera que las sospechas de corrupción se multiplicaron y alcanzaron a funcionarios del más alto nivel. Es por eso que las declaraciones de la ex ministra son de capital importancia para que, de una vez por todas, el caso deje de ser utilizado políticamente y Achacollo pueda aportar datos que ayuden a esclarecerlo y, como ella asegura, resguarde su inocencia o, en su caso, la Fiscalía evalúe su testimonio y actué en consecuencia.Además, para que la ley castigue a quienes resulten responsables directos e indirectos de los presuntos hechos de corrupción, es necesario que los administradores de justicia actúen en el marco de una legalidad que ampare los derechos de los acusados, pero también preserve los intereses del Estado.