Resarcimiento a víctimas

Cinco ex comandantes de las Fuerzas Armadas y un ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados el pasado viernes a resarcir con 1.1 millones de bolivianos a las víctimas de la feroz represión militar que en octubre de 2003 ordenara el ex presidente, desde entonces refugiado en Estados Unidos.

El Juzgado de Sentencia Nº 1 en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a cargo del juez Eduardo Gonzales, declaró probada en parte la demanda de resarcimiento a las víctimas de la Masacre de Octubre y determinó el pago de 1.139.986 bolivianos en favor de los heridos graves y de los familiares de los fallecidos.

“Se dieron montos individuales, las calificaciones se hicieron de manera individual de acuerdo a los tiempos de permanencia en los hospitales, los días de impedimento, número de dependientes, salarios que acreditaron, los trabajos que tenían”, precisó el juez Gonzales.

Según la sentencia, el ex ministro de Medio Ambiente, Erick Reyes Villa, el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros; el ex Jefe de Estado Mayor, Gonzalo Rocabado; el ex comandante del Ejército, Juan Véliz; el ex comandante de la Armada, Luis Alberto Aranda; y el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Oswaldo Quiroga, deberán asumir el pago mancomunado en un tiempo de tres días a partir de ser ejecutoriada la resolución.

La demanda legal, que fue interpuesta en 2013 por 127 víctimas de la Masacre de Octubre, como resarcimiento civil exigía por cada fallecido al menos un millón de bolivianos, por los heridos con lesiones gravísimas 400 mil bolivianos, por lesiones graves 200 mil bolivianos y por lesiones leves 100 mil bolivianos.

No obstante, la resolución del Juzgado de Sentencia Nº 1 en lo Penal fija para las personas heridas montos de resarcimiento que van entre 5 mil, 10 mil, 38 mil y 49 mil bolivianos; mientras que para los familiares de las víctimas fatales montos entre 50 mil, 89 mil, 118 mil, 122 mil y 150 mil bolivianos.

En tanto que las 44 personas cuya demanda fue declarada improbada, podrán “acudir a la vía ordinaria civil a los fines de demostrar su derecho a resarcimiento”. Además, en el caso del ex ministro de Trabajo, Adalberto Kuajara, el proceso de resarcimiento en su contra se extinguió a causa de su fallecimiento en febrero de 2013.

Durante las luctuosas jornadas de octubre de 2003, 64 personas fueron asesinadas y 497 heridas, víctimas de vejaciones, torturas y allanamientos perpetrados por una represión militar instruida por el gobierno de Sánchez de Lozada.

En agosto de 2011 y tras un proceso legal que duró ocho años, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, presidido por el magistrado Ángel Irusta Pérez, sentenció por unanimidad y en única instancia a siete de los 17 procesados por la masacre sangrienta de octubre 2003.

Los dos únicos ex ministros que asumieron su defensa fueron Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, quienes fueron sentenciados a tres años de prisión, acusados de “complicidad en el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.

En tanto que los generales Roberto Claros y Juan Veliz fueron condenados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda a 11 años, y el general Gonzalo Rocabado a diez años, acusados por el delito “de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.

Sin embargo, el tribunal de sentencia no se pronunció contra Sánchez de Lozada ni otros ex ministros que huyeron del país, ya que según el Código de Procedimiento Penal nadie puede ser procesado en ausencia.

Además, la falta de voluntad política de Estados Unidos de dar curso a la extradición de Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín impidió el enjuiciamiento de los principales responsables de la Masacre de Octubre.

Ahora bien, la resolución que obliga al ex ministro Reyes Villa y a los cinco miembros del Alto Mando Militar de 2003 a asumir el resarcimiento civil no debería ser interpretada como una revancha, sino como un acto de justicia que les obliga asumir las consecuencias de su conducta y repare en algo el dolor que infringieron a sus víctimas.