Julian Assange

El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre detenciones arbitrarias demandó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debería recuperar su libertad de movimiento y ser indemnizado por haber sido víctima de cinco años de “detención arbitraria” por parte del Reino Unido y de Suecia.El Grupo de Trabajo, que depende de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, determinó que Assange ha estado bajo “detención arbitraria” del Reino Unido y de Suecia, tras que la Fiscalía sueca emitiera en 2010 una orden de arresto para interrogarlo por un presunto delito sexual.Sin embargo, tanto el Reino Unido como Suecia negaron que Assange esté privado de su libertad y destacaron que el hacker, de 44 años de edad, ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres de manera voluntaria el 16 de agosto de 2012. Es más, según la agencia Télam, la Fiscalía de Suecia considera que el dictamen del organismo consultor de la ONU “no afecta el caso” y que Assange debe comparecer ante la justicia sueca para ser interrogado, mientras que la Policía Británica ratificó que lo detendrá si sale de la embajada “por haber violado su libertad bajo fianza” cuando se refugió en la legación diplomática para evitar ser extraditado.Entre tanto, el periodista celebró el fallo de la ONU que le beneficia a él y su familia y emplazó a los gobiernos británico y sueco a acatar la sentencia como miembros que son del sistema de las Naciones Unidas.No obstante, ¿cuáles son los antecedentes de la persecución judicial de Assange por parte de la justicia sueca?El 28 de noviembre de 2010, la plataforma web de WikiLeaks reveló que el gobierno de Estados Unidos instruyó a sus embajadores, acreditados en varios países y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ejercieran de espías y recolectaran información para la CIA, el FBI y otros servicios secretos de Inteligencia.Un total de 251.287 mensajes ultra secretos de la Casa Blanca fueron filtrados por WikiLeaks a cinco de los más importantes diarios del mundo: The New York Times (Estados Unidos), El País (España), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia), y revelaron una gigantesca red de espionaje de alcance global al servicio de Washington.Pero ese día, también fue el inicio del calvario que vive hasta hoy Assange, quien el 16 de agosto de 2012 se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres ante el riesgo de ser extraditado por Gran Bretaña a Suecia –por presunto abuso sexual– y de éste país a Estados Unidos para ser procesado por haber filtrado documentos que delatan el espionaje mundial alentado por Washington.Según publicó The New York Times, el personal diplomático dependiente del Departamento de Estado recibía desde 2008 órdenes de recopilar información estratégica y personal de líderes mundiales, entre ellos del secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Las órdenes fueron enviadas a sus embajadas en el Medio Oriente, Europa, América Latina y la misión de Estados Unidos en la ONU. Es decir, los mensajes filtrados por WikiLeaks revelaron los fines de la política exterior de la Casa Blanca.No obstante, el gobierno estadounidense calificó la filtración de WikiLeaks como “peligrosa y temeraria”, sostuvo que los cables fueron “robados” e indicó que su divulgación puso en peligro los intereses de Estados Unidos, a sus agentes secretos y “la causa de los derechos humanos”. Ahora bien, si Estados Unidos y Suecia son miembros del sistema de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de la ONU demostró que la detención de Assange es arbitraria, no es admisible que ambos países no quieran acatar un fallo jurídicamente vinculante que condena la violación de los derechos humanos del líder de WikiLeaks y ordena su inmediata libertad.Es que ningún país, por más poderoso que sea, puede soslayar la vigencia de los derechos humanos que son garantías esenciales para una vida con dignidad, porque sin ellos ninguna persona puede cultivar ni ejercer plenamente derechos universalmente reconocidos para todos los seres humanos. En ese contexto, el fallo inapelable emitido por la ONU a favor de Assange hace que las acusaciones contra el cibernauta adquieran carácter de cosa juzgada y, por lo tanto, el fallo que ordena devolverle su libertad es de cumplimiento obligatorio.