La renuncia de Achacollo

“No hemos cometido ningún delito”, aseguró la ex ministra al dar lectura a su carta de renuncia en una conferencia de prensa, y agregó que “voy a defenderme desde afuera de aquellas acusaciones que me están haciendo, estoy segura de mi misma, no he robado ni un boliviano, lo he dicho en...

“No hemos cometido ningún delito”, aseguró la ex ministra al dar lectura a su carta de renuncia en una conferencia de prensa, y agregó que “voy a defenderme desde afuera de aquellas acusaciones que me están haciendo, estoy segura de mi misma, no he robado ni un boliviano, lo he dicho en el Parlamento y en el Senado”.En abril pasado, Achacollo lamentó su decisión de delegar el manejo de los recursos del Fondo Indígena a una administración autónoma dirigida por representantes de las organizaciones sociales con presencia en el directorio, lo que habría dificultado a su Ministerio el control sobre el manejo de los recursos de esa entidad.“En muchas ocasiones este proyecto me ha quitado el sueño. No debí dar una administración tan mayoritaria por parte de las organizaciones, esto no permitió que yo pueda hacer una fiscalización directa”, dijo entonces a la Red Uno la hoy ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, quien fue reemplazada en el cargo por el ex gobernador de La Paz, Cesar Cocarico.Este 25 de agosto, la interventora del ex Fondo Indígena, Larisa Fuentes, desveló que en seis meses de trabajo se identificó 30 proyectos “fantasmas” y 713 inconclusos por 102.2 millones de bolivianos de presunto daño económico al Estado.Desde que en 2010 comenzó a financiar proyectos productivos y sociales en varias comunidades indígena, originarias y campesinas, se calcula que cada año el ex Fondo Indígena recibió 470 millones de bolivianos anuales, producto del 5% de los recursos del IDH que corresponden al TGN.Desde ese año hasta su liquidación, el directorio aprobó 3.177 proyectos, de éstos 1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos y entre los proyectos que sí recibieron financiamiento se encuentran los 30 “proyectos fantasma” y los 713 inconclusos, que habrían causado un daño económico al Estado por al menos 102 millones de bolivianos.Y en ese contexto, mediante el Decreto Supremo N° 2493 el gobierno creó el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, instruyó la liquidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas y asignó a Larisa Fuentes la tarea de dirigir durante un año el proceso de liquidación, además de proseguir con las acciones legales en contra de quienes resultaren responsables de los ilícitos denunciados. El nuevo Fondo financiará y ejecutará sólo proyectos de desarrollo productivo.Antes de asumir como ministra de Desarrollo Rural y Tierras en enero de 2010, Nemesia Achacollo se desempeñó como dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.Durante su gestión ministerial administró 22 entidades concentradas y descentralizadas y ejecutó programas como la revolución agraria productiva, el censo agropecuario, el seguro agrícola y otros proyectos de apoyo a los productores rurales. En ese sentido, la renuncia de Achacollo al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de no es una tácita aceptación de su eventual participación en la comisión de los presuntos hechos ilegales que investiga el Ministerio Público, pero sí es un paso esencial que allanará el camino para que se establezca la verdad histórica de los hechos.Desde todo punto de vista, es destacable que Achacollo se haya despojado de cualquier posición de poder y se ponga a disposición de las autoridades jurisdiccionales, porque, como ella misma asegura, quien nada tiene nada teme.Además, para que la ley castigue a quienes resulten responsables directos e indirectos de los presuntos hechos de corrupción en el ahora ex Fondo Indígena y libere de pena y culpa a quienes resulten inocentes, es indispensable que la justicia haga su trabajo libre de todo tipo de presiones.Es decir, es necesario que los administradores de justicia hagan lo que corresponda en el marco de un proceso legal que ampare los derechos de los acusados y preserve los intereses del Estado.


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