El registro de armas

Hasta antes del inicio de la nueva campaña, el gobierno nacional tenía registradas alrededor de 7.300 armas, de las que 2.808 en Santa Cruz, 2.653 en La Paz, 1.068 en Tarija, 569 en Oruro, 114 en Cochabamba, 48 en Sucre, 32 en Beni, 8 en Potosí y ninguna en Pando, indica un reporte de la agencia estatal de noticias ABI.“La campaña nacional de registro voluntario de armas se va a desarrollar en todos los departamentos del país”, aseguró Pérez, y explicó que la iniciativa gubernamental se enmarca en el mandato de la Ley 400 y de los decretos reglamentarios números 2175 y 2344.Según Pérez, ninguna persona que registre su arma en los 180 días de plazo será procesada, pero advirtió que sí habrá sanciones de uno a cinco años de cárcel por tenencia ilegal y hasta 30 años de presidio sin derecho a indulto por posesión de armamento no convencional para quienes sean halladas en posesión de armas sin autorización legal.La finalidad de esa ley –promulgada el 18 de septiembre de 2013– no es sólo garantizar la convivencia pacífica y la  vida de las personas, sino prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros instrumentos letales, como también castigar los delitos contra la seguridad y defensa del Estado en el marco de la seguridad ciudadana.Según el artículo 298, parágrafo I, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, es competencia privativa del gobierno nacional el autorizar, controlar y fiscalizar la fabricación, importación, exportación y tránsito de armas de fuego, como también de municiones, explosivos, materias  primas clasificadas tendientes a su fabricación.Además, a través de las instancias correspondientes dispondrá la desactivación, la destrucción y el marcaje, y tendrá el control en toda empresa que fabrique armas de fuego, municiones y explosivos.Existen varias y sobradas razones generadoras y multiplicadoras de inseguridad ciudadana que justifican plenamente la decisión gubernamental de registrar las armas que se encuentran en manos de civiles, entre ellas están identificadas el narcotráfico, el crimen organizado, al alto nivel de consumo de alcohol y un indeterminado número de armas de fuego que se encontrarían de manera ilegal en manos de civiles.La Ley 400 faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas el uso exclusivo de armas de alto poder de fuego y prohíbe que cualquier otro ciudadano pueda portar esos instrumentos bélicos, en tanto que la Policía Boliviana está autorizada a utilizar armas de uso policial para garantizar la seguridad ciudadana en su lucha contra el crimen organizado, aunque tiene prohibida el acceso a las armas de uso militar, salvo que sus unidades de élite sean autorizadas por el Ministerio de Defensa. Respecto de las armas de uso civil por parte de personas naturales, éstas deben contar con la autorización correspondiente.Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el número de robos denunciados a la Policía en Bolivia se incrementó de 80 reportados por 100.000 habitantes el 2004, a 98 el 2012. En el 2010 –último año analizado por el PNUD–, hubo 21,5 atracos o robos con violencia por cada 100.000 habitantes el 2005, y se incrementó a 40,5 el 2012.Además, las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto son las más violentas e inseguras del país, y representarían casi el 75% del total de los delitos cometidos en el país, y el uso de armas en la comisión de los mismos es cada vez más frecuente.Y aunque el inicio del registro de armas por parte de la Policía Boliviana en las capitales departamentales es un paso importante en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la medida debería ir acompañada por la aplicación estricta de las leyes de lucha contra todo tipo de delitos, porque tanto la corrupción, el narcotráfico como la violencia criminal tienen efectos nocivos sobre la seguridad ciudadana.Y en el marco los derechos humanos, consumir alcohol, drogas y portar armas no es un derecho fundamental, vivir sí. ¿No les parece?