Corrupción en el Fondo

El pasado 12 de febrero, el contralor Gabriel Herbas denunció que una auditoría realizada al Fondo Indígena desveló un daño económico por 153 proyectos que nunca se habrían ejecutado, pero que sí recibieron pagos anticipados con recursos del Estado.Los primeros pasos del máximo ente de control fiscal del país fueron denunciar el hecho ante el Ministerio Público para que éste abra un proceso penal en contra de tres ex directores del Fondo Indígena en el periodo 2010-2013, además involucró a otros dirigentes campesinos e indígenas.La Contraloría General del Estado inició la auditoría al Fondo Indígena luego que recibiera una solicitud directa del presidente Evo Morales, quien en diciembre de 2013 advirtió sobre posibles manejos irregulares en esa entidad por denuncias de algunos medios de comunicación.Fruto de la lucha del pueblo guaraní, el 22 de diciembre de 2005, mediante el Decreto Supremo N° 28571, el gobierno del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé creó el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (conocido como Fondo Indígena) con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos originarios y a las comunidades campesinas de todas las regiones del país.El artículo 9 de ese decreto establece que el Fondo Indígena “tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH (32%), monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 28421 del 21 de octubre de 2005, que serán abonados por el Tesoro General de la Nación a una cuenta fiscal que será habilitada para el efecto”.Después de tres años y medio –tiempo en el que se desataron pugnas internas y externas, disputas políticas, tensiones entre las organizaciones indígenas y campesinas, y conflictos de liderazgo–, finalmente el Fondo Indígena entró en funcionamiento en julio de 2009 y empezó a financiar proyectos productivos y sociales a partir de 2010.Desde entonces, se estima que el Fondo Indígena recibió cada año más de 470 millones de bolivianos anuales –el 5% de los recursos del IDH–, para que sean invertidos en proyectos productivos y sociales en comunidades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).Desde que en 2010 comenzara el desembolso de recursos para proyectos productivos y sociales, el directorio del Fondo Indígena aprobó 3.177 proyectos, de éstos 1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos. Entre los proyectos que recibieron financiamiento se identificaron 30 “proyectos fantasma” y 713 que no fueron concluidos. A las denuncias de la Contraloría ante el Ministerio Público se sumaron las presentadas por la interventora Fuentes en contra de 90 personas, entre ellas, dirigentes indígenas, campesinos militantes, opositores y/o disidentes del MAS, y representantes legales de cada proyecto.En ese contexto,  para poner orden en el desorden en el Fondo Indígena, para que la transparencia reemplace a la corrupción, y para que la ley castigue ejemplarmente a los corruptos y libere de culpa a los inocentes, es imprescindible que la justicia haga su trabajo libre de toda presión política.Por lo tanto, no es admisible que la oposición intente pescar en río revuelto echando sombras a una investigación que comienza a desnudar un sistemático manejo ilegal y presuntamente corrupto de los recursos del Fondo Indígena, como tampoco es tolerable que el gobierno proteja a algún o algunos jerarcas que eventualmente resulten involucrados en los malos manejos. Es decir, urge una total y profunda reestructuración de esa entidad para arrancar de raíz el fantasma de la corrupción para que el Fondo Indígena no se vaya al fondo.