$us 2.000 millones sin ejecutar

por lo que exhortó a sus autoridades a trabajar en el diseño y la ejecución de medianos y grandes proyectos de impacto para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones.Las palabras del Jefe de Estado fueron expresadas durante la inauguración del VII Congreso Nacional de...

por lo que exhortó a sus autoridades a trabajar en el diseño y la ejecución de medianos y grandes proyectos de impacto para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones.Las palabras del Jefe de Estado fueron expresadas durante la inauguración del VII Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), encuentro al que acudieron alcaldes y concejales municipales electos el pasado 29 de marzo, quienes, no obstante, expresaron sus temores ante la disminución de los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ante el descenso de los precios internacionales del petróleo.“Pese a (que por) la rebaja del precio de los recursos naturales podemos tener algún problema, al 31 de julio en caja y bancos tienen, entre gobernaciones y municipios, más de 2.000 millones de dólares todavía”, aseguró Morales y convocó a acelerar la inversión pública en los departamentos y en las jurisdicciones municipales.Según un reciente reporte del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre un presupuesto anual de 307.851 millones de bolivianos asignados a todo el sector público para 2015, entre enero y junio se habían ejecutado 94.343 millones de bolivianos, es decir, el 30,6 por ciento.La ejecución en las instancias subnacionales es aún más baja. Sobre un presupuesto de 27.799 millones de bolivianos, los 339 gobiernos municipales del país ejecutaron 7.098 millones (25.5 por ciento); mientras que de un presupuesto de 15.200 millones de bolivianos, las gobernaciones ejecutaron 4.093 millones (26.9 por ciento).No obstante, la elección de gobernadores, alcaldes y concejales municipales del 29 de marzo y la administración interina de gobernaciones y alcaldías –entre enero y mayo pasados-, además de los procedimientos burocráticos para concretar la ejecución de proyectos regionales, pudieron haber incidido en esa baja ejecución presupuestaria.Además, a la baja ejecución de la inversión pública durante el primer semestre de 2015, se suma la caída de los precios internacionales del crudo y la consiguiente disminución de divisas por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, lo que generará –según gobernadores y alcaldes- la reducción de los ingresos por el IDH que el primer semestre de 2015 cayó en un 18 por ciento respecto del mismo período del año pasado, aunque el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo que incluso con el barril de petróleo en 45 dólares durante 2016, los ingresos de los gobiernos subnacionales no serán afectados.Sin duda, Arce confía en el vigor del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo que tiene en la inversión pública el sustento para impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y que la creciente demanda interna aísle a Bolivia de los efectos adversos de la crisis del mercado internacional.Respecto de los ingresos de la gobernación de Tarija, el departamento con los mayores volúmenes de producción hidrocarburífera, por regalías y por IDH tiene asignado el 31,6 por ciento de los 15.200 millones de bolivianos del presupuesto de las nueve gobernaciones, pero como efecto de los bajos precios del crudo sufrirá los mayores recortes presupuestarios.En ese contexto y tomando en cuenta que la salud de la economía boliviana depende de la ejecución de la inversión pública como el motor del crecimiento económico del país, es necesario que el gobierno nacional, las gobernaciones y los gobiernos municipales dejen de lado sus diferencias políticas y trabajen juntos en el marco de objetivos nacionales.Es decir, si para sostener el crecimiento de la economía se necesita ampliar la inversión, no sólo pública sino también privada, el primer paso debería ser invertir esos 2.000 millones de dólares, congelados en cuentas bancarias de gobernaciones y municipios, en programas y proyectos de infraestructura y productivos, y el gobierno nacional brindar mayor seguridad jurídica e incentivar la inversión privada nacional y extranjera.


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