Respeto a la democracia

y la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, económica y cultural de una sociedad. Desde el 10 de octubre de 1982, Bolivia transita por el sendero de un sistema democrático que tiene como uno de sus objetivos que el ciudadano no limite su papel al ejercicio del sufragio, sino que asuma un rol protagónico, activo y propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional. Es en este contexto que el pueblo potosino se movilizó durante 27 días en demanda de la atención del gobierno nacional de los 26 puntos de su pliego petitorio. No obstante, el 28 de julio y después de cuatro días de negociaciones y cuando todo hacía presumir que se suscribiría un convenio, el gobierno dio por concluido el diálogo. El motivo: la dirigencia cívica potosina no acudió a la instalación de la plenaria que ese día debía cerrar el diálogo con la suscripción de un acuerdo final. Este lunes, la ciudad de Potosí finalmente recobró la normalidad y nuevamente sus calles se llenaron de niños y jóvenes que volvieron a sus clases, choferes, empleados bancarios y comerciantes que retomaron sus actividades, y mineros que ingresaron a sus parajes para arrancar a la tierra el mineral con el que alimentan a sus familias. La decisión de suspender indefinidamente el paro departamental fue asumida el domingo por el Consejo Ampliado del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que aprobó una resolución de 11 puntos y ratificó el pliego petitorio. Entre los puntos aprobados se encuentran la convocatoria a una marcha por la dignidad este 6 de agosto, un cabildo departamental aún sin fecha, el rechazo al estatuto autonómico y se declaró enemigos de Potosí al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y se exigió la renuncia del gobernador Juan Carlos Cejas y del alcalde William Cervantes, ambos militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Respecto del pedido de renuncia de Cejas y Cervantes, electos por el voto mayoritario de los potosinos, el presidente de Comcipo, Johnny Llally, anunció que se formarán brigadas de control que se turnarán para evitar que ingresen a sus oficinas. Se entendería que los dirigentes cívicos eligieron una opción que difiere de los procedimientos constitucionales respecto de alejar de su cargo a una autoridad electa. El parágrafo II del artículo 240 de la Constitución Política del Estado prescribe “que la revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato, a solicitud del 15% del padrón electoral de la circunscripción que eligiera a la autoridad de la que se pide su revocatoria de mandato. Así como el derecho a la petición y a la protesta de los ciudadanos está protegido por mandato constitucional, los derechos de las autoridades electas también gozan del resguardo que les otorga la Carta Magna. No entenderlo de esta manera sería no comulgar con la protección de las libertades civiles y de los derechos individuales que garantiza nuestra democracia. Y si los dirigentes cívicos y el pueblo potosino que los respalda consideran que Cejas y Cervantes deben ser alejados de los cargos a los que fueron electos en las urnas, lo correcto es que para ello utilicen mecanismos que la democracia boliviana pone en sus manos. Según el artículo 286, parágrafo II de la Carta Magna, la solicitud de revocatoria de mandato recién podrá ser atendida después de julio de 2017, es decir, cuando haya transcurrido la mitad del mandato constitucional de ambas autoridades electas, y antes de enero de 2019, cuando ingresarían en el último año de su gestión constitucional. En ese contexto, en lo inmediato lo que corresponde es volver a darle una nueva chance al diálogo, el mecanismo por excelencia que la democracia nos señala para resolver nuestras diferencias. Además, parafraseando al papa Francisco en su reciente visita a Bolivia: los bolivianos debemos buscar “soluciones compartidas” y “construir puentes en vez de levantar muros”, porque “todos los temas, por más espinosos que sean, tienen soluciones compartidas, razonables, equitativas y duraderas”.