Inmunidad, corrupción, fútbol y la acción de la justicia

Su secretario ejecutivo, Alberto Lozada, está con detención domiciliaria.En Bolivia se escribe sólo uno de los capítulos de una cruzada internacional en contra de la corrupción en el manejo de los negocios que genera el fútbol y de cuyo terremoto el epicentro fue localizado en la sede la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), ubicado en Zúrich (Suiza).El 27 de mayo pasado, siete de 14 dirigentes de la FIFA fueron detenidos acusados de corromper los negocios del fútbol a escala mundial y en medio de una investigación que incluye cargos como organización mafiosa, fraude masivo, blanqueo de dinero, corrupción y sobornos, entre otros.Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los sospechosos participaron de una red de corrupción desde hace 24 años y usaron sus posiciones privilegiadas en el fútbol mundial para enriquecerse con millones de dólares a través del cobro de sobornos y actividades ilegales. La justicia de Estados Unidos tomó en sus manos esa investigación porque los acusados habrían utilizado el sistema bancario de ese país para cometer los presuntos ilícitos.Es tal el escándalo de corrupción sin precedentes, que el todavía presidente de la FIFA desde 1998, Joseph Blatter, anunció el lunes un congreso extraordinario que el 27 de febrero de 2016 renovará la dirigencia del fútbol mundial con el voto de las 209 asociaciones nacionales afiliadas.Antes de desvelarse los presuntos hechos de corrupción, el artículo 13, apartados 1 y 17 de los Estatutos de la FIFA en los hechos otorgaba inmunidad a los dirigentes de las asociaciones afiliadas, porque ante el mínimo intento de un gobierno de fiscalizar el manejo económico o procesar a algún dirigente, el país “infractor” era excluido de las competencias internacionales de fútbol.Es más, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desde 1998 gozaba de inmunidad diplomática. Una ley otorgaba a su sede en Asunción (Paraguay) una protección similar a la que tienen las embajadas extranjeras y las autoridades no podían allanar el edificio ni requisar ningún tipo de bienes o documentos. Además, esa ley de inviolabilidad había sido gestionada ante el gobierno paraguayo por el dirigente Nicolás Leoz, uno de los acusados por la justicia estadounidense en la investigación sobre la red de sobornos en la FIFA. No obstante, el 25 de junio el gobierno paraguayo derogó esa norma y la medida podría allanar las investigaciones judiciales sobre presuntos actos de corrupción en la Conmebol y en la FIFA.Es en ese contexto que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por presunta corrupción en el fútbol boliviano y los dos principales dirigentes de la FBF, Carlos Chávez y Alberto Lozada están detenidos –el primero en la cárcel y el segundo en su domicilio- e imputados por seis presuntos delitos: organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.Bolivia es un Estado de derecho y todos sus habitantes, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, deben estar sometidos por igual a las leyes que se aplican en su territorio, con independencia y sin ningún tipo de privilegios ni inmunidades.Y por mandato constitucional, todas las personas imputadas por algún delito son inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley, en un juicio público y con todas las garantías para que asuman su defensa, porque todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección. Sólo la justicia dirá si Chávez y Lozada son culpables o inocentes de los cargos que enfrentan y ninguna presión externa de la FIFA debería torcer la aplicación de la ley, aunque algo es seguro: tras el escándalo internacional de corrupción que acecha a la FIFA –creemos que para bien- la forma de manejar el fútbol no volverá a ser la misma.