La profunda crisis del sistema judicial toca fondo

No otra cosa significa que algunas conclusiones de ese documento –reveladas por el magistrado Iván Lima al diario La Razón- señalan que de 250.000 juicios penales que se abrieron en 2013 en el país, apenas 611 casos han concluido con sentencia, es decir el 0,24%, y que 9.000 procesos (3,6%) tuvieron una imputación formal por parte del Ministerio Público.Ante esa dramática situación surgen varias preguntas: ¿Por qué una diferencia tan abismal entre los procesos abiertos y los casos que terminaron con una sentencia? ¿Hasta cuándo la retardación de justicia será tolerada? ¿Dónde se encuentran los sospechosos de haber cometido delitos? ¿Están con medidas cautelares o alternativas a la detención preventiva? ¿Están en las cárceles o con detención domiciliaria?Las preguntas son muchas y las respuestas no aparecen, en un contexto en el que las voces que exigen una profunda reestructuración de la administración de justicia en el país se multiplican, sin importar si provienen de políticos oficialistas u opositores, de empresarios o de comerciantes, de jóvenes o de adultos, de mujeres o de varones.El artículo 178 de la Constitución Política del Estado prescribe que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.En el caso que comentamos, el principio de celeridad que manda cumplir a jueces y fiscales la Carta Magna no se cumple ni por asomo, los números revelados por el magistrado Lima así lo confirman.Respecto del número de juzgados para atender esa pesada carga procesal, los datos del Consejo de la Magistratura indican que en 2005 habían 801 juzgados en todo el país –en capitales departamentales y provincias-, y que para 2014 el número de esos tribunales se habían ampliado a 1.004, es decir hubo un crecimiento del 25,34 por ciento.Ya en mayo de 2013, el entonces presidente en ejercicio del Consejo de la Magistratura, Roger Treviño, dijo que el Órgano Judicial requería al menos 432 nuevos juzgados ordinarios y un presupuesto de 197.439.386 bolivianos para mejorar el acceso a la justicia y resolver la gran mora procesal, y admitió que “los niveles de acceso a la justicia son reducidos, porque de 331 municipios en Bolivia, 149 tienen juzgados”.Y si una de las causas de la mora procesal es que el número de juzgados y tribunales de justicia no creció a la par del índice de litigiosidad que reflejan las estadísticas, para promover la fluidez de los procesos en el sistema judicial está en marcha un proyecto de reingeniería de juzgados y tribunales de justicia que busca dar respuesta a la excesiva carga y mora procesal acumulada en los últimos años. Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, la crisis en la justicia boliviana se debe, entre otros factores, a la lentitud en los procesos, a la corrupción, a las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y a la presión política sobre jueces y magistrados.Cuando el 16 de octubre de 2011 y por voto popular se eligieron 56 magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se pretendía una profunda reforma en la justicia boliviana, pero cuatro años más tarde se puede asegurar que los males del sistema judicial no se han corregido sino que se han agudizado, porque persiste la dilación en los procesos, la corrupción y la presión política, es decir, los jinetes del apocalipsis heredados del pasado.Por eso, es de esperar que la profunda reestructuración del sistema de justicia que exigen los bolivianos asiente finalmente sus bases en la cumbre judicial que anunció el gobierno, porque no es posible seguir tolerando que –por ejemplo- de 250.000 juicios penales que se abrieron en un año, apenas 611 casos hayan concluido con sentencia.