Entre el crimen y la esperanza

queda claro que las cifras de delincuencia están en aumento y Tarija ya no es la misma de los años noventa. En 2012, en una entrevista que realizó El País, el Comando Departamental de la Policía negó la existencia de pandillas. Un año después, en 2013, esa palabra cambió y se admitió la existencia de cinco “grupos juveniles” a los que aún la Policía se negaba a llamar “pandillas”. Empero, en el año 2014, datos registrados por el Viceministerio de Seguridad revelaron la existencia de 18 pandillas en Tarija, que trabajan distribuidas por los distintos barrios. El estudio también devela que un total de 812 personas integran dichos grupos, lo que convierte a Tarija en el séptimo departamento con más pandillas a nivel nacional. A esto se sumó la confirmación de los brigadistas barriales, ya que en sus patrullajes aseguran haber detectado la existencia de estos grupos.En 2014, sólo en marzo se registraron 34 apuñalamientos, los casos obedecían en su mayoría a asaltos violentos. En ese entonces, agentes, forenses y sanitarios aseguraron que últimamente en la tierra chapaca se hecha “mano a navaja” por cuestiones triviales. En 2015 las cifras son similares y dos casos emblemáticos vistieron de luto a Tarija.El primero sucedió en abril cuando delincuentes con armas de fuego asaltaron una farmacia, en pleno centro de la ciudad. Del hecho resultaron dos heridos y una persona fallecida. El segundo crimen sucedió este mes cuando un joven, quien llegó de Santa Cruz con la intención de vender ropa, fue interceptado por dos sujetos con arma blanca a media cuadra de su casa. Éste murió desangrado. ¿Pero dónde está la Policía? queda expuesto que en la mayoría de los casos, sólo las calles son los testigos mudos de los crímenes que crecen ante la mirada de las autoridades. Y surge una pregunta inevitable ¿Las cámaras de vigilancia?El proyecto no avanza hace dos años debido a errores en el mismo. De esta manera, la capital de Tarija, Cercado, ha quedado aventajada por Villa Montes y Yacuiba, regiones que ya poseen “cámaras de seguridad y un plan aéreo de control delincuencial (911)”.Empero, ahí otro punto, pues toda la caja de manzanas se agusanó. En los hechos el pasado 5 de julio el director de Seguridad Ciudadana de Yacuiba, Juan Rojas, reveló que la mitad de las cámaras de vigilancia no funcionan en esa región. Sumado a esto, la garantía de estos equipos ya caducó.¿Cuánto se invirtió? La Subgobernación de Yacuiba desembolsó en la gestión pasada alrededor de 30 millones de bolivianos para el proyecto de seguridad 911; sin embargo, un año después, el sistema no desempeña correctamente todo su potencial. Por ahora, esto queda en suspenso.Mientras tanto en la ciudad de Tarija aún hay ilusión sobre el proyecto de cámaras de vigilancia. El dirigente vecinal Juan Reynaga informó que como vecinos de los barrios se reunieron hace un par de días y acordaron trabajar con la Policía, a través de las Estaciones Policiales Integrales (EPI); pero también coordinaron exigir la implementación de las cámaras de seguridad ciudadana. Y ASÍ… se pintó una vez más una nueva esperanza aunque la duda queda, sobre todo cuando en la última semana la dirigente de los brigadistas barriales, Mercedes Barrientos, informó que se declaran en emergencia debido al retraso de dos meses en el pago de sus salarios por parte de la Gobernación. ¿Será realmente buena la estrategia de seguridad que se planteó hasta ahora?Sólo como apunte, el Gobierno de Nicaragua ha establecido cinco ejes en la lucha contra el crimen: 1) Establecer prioridades en la investigación de delitos, coordinaciones, metodologías especializadas para casos complejos, procedimientos sumarios para casos menores, atención diferenciada a víctimas y protección a testigos. 2) Fortalecer la institución policial. Ello requiere alerta máxima en las calles, organización, ética y desempeño eficaz de sus funcionarios.  3) Identificar formas de participación social en la prevención de la violencia. Que el pueblo sea un fiscalizador y participante, que no sustituya el rol institucional.  4) Fortalecer la capacidad territorial diferenciada, reforzando el enfoque de policía comunitaria proactiva y los planes de seguridad integrados a los planes de desarrollo municipal. Y finalmente  5) Crear un observatorio interinstitucional de la violencia criminal. Para esto es necesario establecer valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno delictivo, diferenciando el riesgo en correspondencia a la edad, sexo, territorio y posición socioeconómica. Esto con el objetivo de tomar nuevas medidas a partir de un estudio sociológico del problema. ¿Será entonces la seguridad ciudadana un nuevo reto para el actual gobernador? Seguro que sí. Sobre todo cuando, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), el 57 por ciento de los tarijeños califica a Tarija como “insegura” desde el año 2012 y más del 70 por ciento pide que se resuelva el problema.